Una orden judicial obliga a EE.UU. a ampliar la venta de petróleo y gas en el Golfo de México

A raíz de la notificación final del BOEM para celebrar la venta de arrendamiento 261 para la superficie en el Golfo de México en septiembre de 2023, el Instituto Americano del Petróleo (API) presentó una moción de medida cautelar en el Tribunal de Distrito de EE.UU. Distrito Oeste de Luisiana, en busca de una acción inmediata de la corte antes de la venta de arrendamiento previsto, ya que más de 6 millones de acres fueron retirados de la misma.

Después de que el 21 de septiembre de 2023 se emitiera una orden judicial relativa a la venta de arrendamiento 261, los Estados Unidos solicitan una suspensión de emergencia de esta orden para dar tiempo a un proceso de venta de arrendamiento más ordenado. En caso de que no se conceda dicha suspensión, la venta 261 se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2023 y, de conformidad con la orden judicial, el BOEM incluirá bloques de arrendamiento que habían sido excluidos anteriormente debido a la preocupación por los posibles impactos en la distribución de la ballena de Rice en el Golfo de México.

Además, la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica eliminará partes de una estipulación relacionada destinada a abordar los posibles impactos a la ballena de Rice de los términos de arrendamiento para los contratos de arrendamiento que pueden ser emitidos como resultado de la venta de arrendamiento 261. El BOEM también amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 15.00 horas CST del 26 de septiembre de 2023, y los licitadores pueden entregar las ofertas en mano de 9.00 a 15.00 horas CST los días 25 y 26 de septiembre, o enviarlas por correo.

Ryan Meyers, Vicepresidente Senior y Consejero General de API, comentó la medida cautelar concedida por el Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Luisiana antes de la prevista Venta de Arrendamiento 261: «Nos complace que el tribunal haya frenado el mal concebido intento de la Administración Biden de restringir el desarrollo estadounidense de una energía fiable y baja en carbono en el Golfo de México.

«La decisión de hoy permitirá que la Venta de Arrendamiento 261 siga adelante según lo ordenado por el Congreso en la Ley de Reducción de la Inflación, eliminando las restricciones injustificadas al tráfico de buques impuestas por el Departamento del Interior y restableciendo los más de 6 millones de acres a la venta. Esta decisión es un paso importante hacia una mayor certidumbre para los trabajadores estadounidenses del sector energético, una economía más robusta en la Costa del Golfo y un futuro más sólido para la seguridad energética de EE.UU.».

Al expirar el anterior programa quinquenal de arrendamientos en alta mar sin que se hubiera establecido un nuevo plan, múltiples grupos comerciales del sector energético instaron hace varias semanas al gobierno de Biden, en una carta enviada al presidente Joe Biden, a que finalizara un programa que incluyera el número máximo de ventas de arrendamientos y comenzara los trabajos previos necesarios para empezar a celebrar ventas en 2024.

A esto siguieron los comentarios enviados a la Oficina de Administración de Tierras (BLM) del Departamento del Interior el viernes 22 de septiembre de 2023, cuando el Instituto Americano del Petróleo se unió a 13 asociaciones comerciales del sector energético para pedir al gobierno de Biden que diera prioridad a las necesidades energéticas del pueblo estadounidense elaborando una normativa federal de arrendamiento «justa y coherente».

Holly Hopkins, Vicepresidenta de Política Upstream del API, declaró: «Nuestra nación y el mundo seguirán necesitando petróleo y gas natural fiables y asequibles para hacer crecer nuestra economía, abastecer de energía a nuestras comunidades y servir de base para mayores oportunidades en las próximas décadas. La producción de petróleo y gas natural en terrenos públicos es una parte crucial del programa nacional de seguridad energética y fortaleza económica. Debido a la importancia vital de la producción de energía en tierras públicas, las regulaciones extralimitadas de la gestión de la tierra ponen en peligro nuestro suministro nacional de energía.»

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