La compañía minera de cobre peruana Southern Copper ha iniciado acciones legales para desalojar a más de 75 «mineros ilegales» de su proyecto Los Chancas, ubicado en el departamento de Apurímac.
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Según su informe trimestral, los terrenos del proyecto han sido ocupados por mineros, y más de 75 de ellos han inscrito participaciones de manera «irregular» en el Registro Integral de Formalización Minera del país, que es una base de datos de todas las actividades mineras formalizadas en Perú.
Como respuesta a esta situación, Southern Copper, una subsidiaria del Grupo México, solicitó que aquellos que se habían inscrito incorrectamente fueran excluidos del registro y clasificados como «mineros ilegales», una solicitud que fue aceptada por la autoridad minera.
La compañía confirmó que presentó denuncias penales contra los mineros ocupantes y ha tomado otras medidas legales para desalojarlos del proyecto y confiscar cualquier mineral extraído ilegalmente.
El proyecto Los Chancas, aunque aún no se ha inaugurado, desempeñará un papel fundamental en el futuro de Southern Copper. La empresa tiene como objetivo extraer 1.8 millones de toneladas anuales (tpa) de cobre en sus proyectos para el año 2030, y se espera obtener hasta 130,000 tpa de cobre, junto con 7,500 tpa de molibdeno, de Los Chancas. Se prevé que la posible mina a cielo abierto entre en producción en 2030, con una vida útil que se extendería hasta 2049, lo que la convierte en un proyecto a largo plazo para la empresa.
Southern Copper ha invertido aproximadamente 2600 millones de dólares (9350 millones de soles) en la mina, pero las actividades de los mineros ilegales han puesto en peligro sus objetivos de producción a largo plazo. La falta de supervisión gubernamental y el alto precio mundial del cobre han permitido que mineros locales sin licencia ni regulación exploren sitios mineros. Estos mineros «artesanales» han estado operando con los permisos otorgados originalmente para mineros industriales. Desde 2020, el número de permisos de minería artesanal se ha duplicado a 80,000. Debido a que estos permisos artesanales se emiten por separado de los permisos otorgados a los mineros de cobre a gran escala, ha habido una superposición entre los permisos legalmente emitidos, lo que ha llevado a este conflicto.
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