Los contactos entre la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), presidida por Jorge Riesco, y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), liderada por Ricardo Mewes, se han estrechado en los últimos días. Y el tema ha sido Enami; en concreto, la venta del 10% que esa firma estatal tiene en Quebrada Blanca, controlada por Teck, a Codelco.
Según fuentes empresariales, Riesco y Mewes han hablado de la falta de transparencia en la toma de decisiones, de las falencias del gobierno corporativo de Enami -que, según el sector privado, provoca que los representantes del Gobierno impongan sus propuestas- y el daño que esto puede generar en la pequeña y mediana minería, que vende su producción a la compañía liderada por Iván Mlynarz.
![Sonami lleva a la CPC el conflicto por la venta de 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco Sonami lleva a la CPC el conflicto por la venta de 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco](https://www.df.cl/noticias/site/artic/20240717/imag/foto_0000000220240717185435/4.png)
Según conocedores del diálogo entre ambos dirigentes, el próximo 23 de julio, Jorge Riesco pondrá el tema en el comité ejecutivo de la CPC, instancia donde cada rama informa de las temáticas que les son más relevantes. Este miércoles la directiva de Sonami concurrió a La Moneda, tras marchar con productores mineros por la calle Agustinas, para entregar una carta al Presidente Boric poniéndolo al corriente de sus aprensiones, explicando su impacto en el sector y sugiriendo salidas para la crítica situación de Enami.
“No podemos flaquear”, dijo Riesco en la manifestación. “Hoy hay una amenaza contra la Empresa Nacional de Minería. No defendemos a una empresa del Estado, defendemos a la minería en su totalidad”, arengó el dirigente, quien agregó que la firma “es el brazo del Estado que ha ayudado a levantar la minería en Chile. Los mismos proyectos que hoy son grandes, partieron como proyectos pequeños al alero de la Empresa Nacional de Minería y gestionados por pequeños mineros”.
“Enami es el brazo del Estado que ha ayudado a levantar la minería en Chile. Los mismos proyectos que hoy son grandes, partieron como proyectos pequeños al alero de la Empresa Nacional de Minería y gestionados por pequeños mineros”, dijo Jorge Riesco.
Sin ir más lejos, añadió que “el proyecto Quebrada Blanca era de Enami, por eso Enami tiene un porcentaje, que es prácticamente lo más importante que hoy día le queda y no vamos a dejar que se siga desmantelando a la Enami porque con eso se desmantela la minería”.
Riesco aprovechó la ocasión de plantear otro tema: los, a su juicio, excesivos permisos que agobian al sector. “‘Suéltennos las riendas’, decía el Presidente Frei padre (en referencia a Eduardo Frei Montalva). Suéltennos las riendas a nosotros de una vez por todas y vamos a cambiar el país”, enfatizó.
“Coincidimos con la preocupación que tienen los pequeños mineros y las organizaciones que los representan ante la situación actual de la Enami”, dijo a su turno Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de la estatal. “Es absolutamente falso que se busque desmantelar la empresa. Enami no se muere ni se vende”, afirmó.
Carta a Boric
Aunque la carta enviada al Presidente Gabriel Boric fue firmada por distintas asociaciones de la pequeña minería, fue la directiva de Sonami en pleno quien la llevó a La Moneda. En la misiva se alerta de “la inconveniencia de las recientes decisiones que afectarían de manera irreversible a la Empresa Nacional de Minería”, firma que “vive hoy día una crisis muy preocupante, cuya responsabilidad recae en la falta de prioridad o maltrato que se la ha dado en distintos gobiernos”, lo que a juicio del sector es una tendencia que ha seguido durante esta administración, ya que “este Gobierno ha paralizado la fundición de Paipote y este año se ha reducido el aporte de Enami al fomento de la pequeña minería en casi un 50% del promedio histórico”.
La carta enfatizó que “la intención de enajenar en favor de Codelco el 10% de participación que Enami tiene en la empresa Quebrada Blanca (…) sería del todo inconveniente, ya que dejaría a Enami sin su activo más importante en términos patrimoniales y de generación futura de ingresos fuera de la explotación”.
Además, indicó que por la calidad del activo de que se trata, “a lo menos se debe procurar que Enami obtenga la mejor valoración posible, incorporando abiertamente todas las alternativas y distintos escenarios de precios del cobre, atendidas las buenas proyecciones”. En el texto se añadió que “un acuerdo entre cuatro paredes carece de legitimidad, puesto que los acuerdos realizados sin la transparencia requerida generan todo tipo de dudas en el sector que representamos y en la opinión pública”.
La organización planteó en la misiva que para salvar a la estatal de la crisis en que se encuentra, se debe “generar un plan estratégico que abarque la propiedad minera existente (300.000 hectáreas), los planteles de tratamiento y poderes de compra que deban seguir operando, el rol de fomento/exploración para la pequeña minería y la futura fundición”.
Un segundo paso es “capitalizar a la empresa en el 100% de su actual deuda y permitir el desahogo financiero por la alta carga de intereses que debe anualmente pagar”.
Y, por último,” el foco de ambas medidas debe ser el crecimiento sostenible de Enami, en base a un modelo de negocio actualizado”.
Hacienda autorizó a la estatal a contratar crédito por US$ 635 millones
A marzo de 2024, Enami registraba pasivos por US$ 1.037 millones y pérdidas por más de US$ 8 millones, una mejora respecto de los US$ 51 millones de saldo en rojo que mostró en el primer trimestre de 2023. Pero, como admitió Iván Mlynarz en una entrevista a este medio, las pérdidas continuarán y solo en 2030 tendrán equilibrio operacional.
De hecho, la estatal se comprometió con Hacienda a reducir su pérdida desde los más de US$ 200 millones en 2023 a
US$ 126,8 millones en 2024, según consta en el decreto exento 488 de diciembre pasado.La situación más apremiante son las deudas y pago de intereses, por lo cual Hacienda autorizó a Enami para contratar endeudamiento de corto plazo por hasta US$ 635 millones para el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2024. Según fuentes de la estatal, dicho crédito era para pagar acreencias e intereses de pronto vencimiento.