La ministra Ángela Vivanco está en el centro de una investigación que busca dilucidar su rol en un conflicto de negocios que enfrenta a Codelco y un consorcio formado por dos empresas en partes iguales: la chilena Movitec y la bielorrusa Belaz.
Vivanco presidió en julio de 2023 una sala, la Tercera, de la Corte Suprema que revirtió un dictamen de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había dado la razón a Codelco. La Suprema falló a favor del consorcio Movitec Belaz, un dictamen pronunciado por Ángela Vivanco como presidenta, mientras subrogaba en ese cargo a Sergio Muñoz, el ministro Mario Carroza y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides. Los jueces ordenaron restituir a la empresa equipos retenidos y liberar fondos de la empresa privada.
El voto de minoría, firmado por la ministra María Cristina Gajardo, opinó que el conflicto debía quedar radicado en un arbitraje que estaba y sigue estando en curso. Las dos empresas aún debaten su conflicto ante el árbitro Francisco Aninat, socio del estudio Bofill Escobar Silva Abogados desde hace una década.
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El caso es más antiguo que eso. Esta es la historia.
Comuna de Diego Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Copiapó. Ahí está físicamente, la relación entre Codelco y el consorcio Movitec Belaz SpA.
Codelco inició en 2018 los trámites ambientales para su proyecto Rajo Inca, en la división Salvador, un proyecto que se desarrollaría en una superficie de 3.471 hectáreas.
En marzo de 2021, Codelco comunicó a Movitec Belaz la adjudicación del proyecto “Movimiento de Tierra para pre-producción y construcción de caminos”. El monto total era por $158.604 millones, según los escritos judiciales del consorcio. Codelco cifró más tarde el contrato en US$ 242 millones, por un plazo de 27 meses: la tarea era remover 125 millones de toneladas de tierra y construir caminos mineros por unos 20 kilómetros.
En el mercado minero, dicen ejecutivos del área, los camiones Caterpillar y Komatsu son los más empleados, pero en este contrato, en el que compitieron dos grupos, lo ganó por precio el grupo chileno asociado a la estatal bielorrusa Belaz, que aportó parte del equipamiento.
Casi dos años después de la firma del contrato, el 1 de febrero de 2023, Codelco envió una carta a los representantes legales del consorcio Jaime Andrés Duch y Rostislav Lavrenov, notificando el cobro de garantías y el término anticipado del contrato. Ahí se sostenía que el grupo “ha incurrido en graves incumplimientos de las obligaciones que le imponía el contrato”.
Y el conflicto se desató.
Tras el término anticipado del contrato, el consorcio chileno-bielorruso desplegó gestiones. Una de ellas se realizó ante la subsecretaría de relaciones exteriores de la Cancillería chilena.
El 9 de marzo de 2023, el director general bilateral de la Subrei, Sebastián Gómez, escuchó a los representantes del consorcio. Entre otros, asistieron Josep Sekul, por Movitec, y Rostislav Lavrenov, por Belaz Latin America. En la ocasión, según el registro de ley de lobby de la época, Gómez “explicó a dichos representantes el ámbito de competencia de Subrei en estas materias, el grado de relación institucional en materias económicas-comerciales con la Unión Económica Euroasiática y sus estados miembros, y las formas de relación y comunicación diplomáticas entre Estados”. El funcionario fue acompañado por Johanna Klein, la encargada del área de litigio de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
El reclamo del grupo llegó a oídos de diversas autoridades. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, reveló más tarde, sin nombrarlo, que el propio ex Presidente Sebastián Piñera, le consultó por el caso en el sepelio del ex Citi Isidoro Palma fallecido el 16 de marzo de 2023. “Fui al funeral de un ex director de Codelco, don Isidoro Palma, donde un ex Presidente de la República se me acercó y me preguntó cuál era el conflicto con Bielorrusia. Uno piensa en la guerra de Rusia con Ucrania. No tiene precedentes que un negocio privado, con un contrato privado que tiene una cláusula para llegar a arbitraje en la CCS (Cámara de Comercio de Santiago), se transforme mediáticamente en un conflicto internacional”, dijo Pacheco en la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2023. La disputa comercial también había llegado al Congreso.
En esa sesión parlamentaria, Pacheco y los ejecutivos de Movitec expusieron sus puntos. Más tarde, en enero de 2024, el tema volvió a salir en otras dos comparecencias de Pacheco en el Congreso, en Valparaíso.
El presidente de Codelco detalló en marzo de 2023 por qué habían rescindido el contrato con el grupo privado. Hubo tres razones. La primera fue la muerte del trabajador Rubén Trigo, el 1 de mayo de 2022. “Una persona, que es un operador de un camión, que no está debidamente capacitado para usar un camión bielorruso porque venía de operar camiones Komatsu, que al término de su jornada puso mal el freno, porque lo colocó al modo Komatsu, que el camión se desliza por un botadero que no tenía inclinación contra el cerro, como tenía que ser”, contó. “Rubén Trigo fallece en condiciones lamentables y la empresa se da cuenta de esto, que ocurrió a las seis de la tarde, a las ocho de la mañana del día siguiente”, acusó, citando parte de un informe de Sernageomin. “El accidente de Rubén Trigo fue un domingo y yo me fui a la semana siguiente a El Salvador a ver el lugar y no me encontré con ninguno de estos caballeros que dirigen esta empresa”, acusó.
La segunda razón fue el retraso en las obras encargadas: a diciembre de 2022, dice Pacheco, tenía un avance de 32,8%, cuando el programa apuntaba a un objetivo de 81,2% a esa fecha.
La tercera aludía deudas con contratistas por entre $ 10 mil millones y $ 15 mil millones.
“Cobramos las boletas de garantía en los bancos por $11.000 millones, una boleta de fiel cumplimiento por 270.000 UF y tres boletas por el correcto uso del anticipo de 53.000 UF. Con esa plata nos hicimos cargo de los finiquitos de los trabajadores del consorcio. Se ha emitido el 100% de los finiquitos”, contó Pacheco, quien resaltó que el conflicto comercial involucra a dos empresas con RUT chileno. El consorcio privado habló luego, en sus recursos de protección, de casi $ 20 mil millones retenidos.
“Esta situación no tiene precedentes en Codelco. Primera vez que nos pasa que dos RUT de dos empresas basadas en Chile se transforme en un conflicto internacional”, dijo en la ocasión.
“Desde el primer día que tuvimos este contrato tuvimos dificultades con Codelco. Desde el primer día”, respondió el socio de Movitec, Jaime Duch, quien dijo conocer a Pacheco desde hace años. Además, recordó que Movitec cumplía en 2023 cincuenta años de existencia. “Fuimos los primeros en llegar a Collahuasi, a la Escondida, trabajamos con Codelco hace 50 años”, recordó para graficar, dijo, la calidad de empresa de Movitec. Jaime Duch dijo ese día que a sus 84 años llevaba 67 años trabajando en el rubro. “Toda la maquinaria es de Movitec, a excepción de Belaz, que pusieron del orden de 10 a 12 camiones”, contó sobre el consorcio 50%-50%. “Son 160 equipos, muy costosos y difíciles de conseguir”, agregó ese día.
Después de Duch intervino Josep Sekul Camus, gerente general del consorcio. “La verdad es una sola. Se echaron 708 personas por subrogación (…) Los echaron como perros”, acusó sobre las acciones de Codelco tras el fin anticipado del convenio. Explicó, además, que parte de retraso se produjo después del accidente fatal, lo que detuvo las operaciones por 110 días. Y dijo que, pese a tener un avance supuesto de 32%, se les había pagado el 64% del contrato, un contrasentido de cifras.
“Nosotros invertimos US$ 162 millones en este sueño de Salvador”, se quejó con fuerza ese día Sekul frente a Pacheco. “De nuestro bolsillo, porque creíamos en este proyecto. Y aquí hubo un cambio unilateral en las normas del contrato a medio recorrido”.
Días después de la sesión de la Cámara de Diputados, a fines de marzo de 2023, el consorcio Movitec Belaz SpA. activó otro camino: presentó un recurso de protección. La acción judicial fue patrocinada por tres abogados. Uno de ellos fue Mario Vargas, el abogado que intentó judicialmente paralizar la entrega de los chat de Luis Hermosilla por parte de la Fiscalía al Consejo de Defensa del Estado, en abril de este año. Otro fue un ex diputado: Eduardo Lagos Herrera, abogado, economista y diputado por el Partido Radical Socialdemócrata por la región de Los Lagos entre 2002 y 2006. En julio de 2003, Lagos fue desaforado por el delito de uso indebido de instrumento público, por una acusación de cohecho en el marco del caso coimas, pero un año más tarde fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua. El tercer abogado en esa causa fue Isaac Ramírez Rojas.
Pero otro ex diputado se sumó al equipo legal más tarde: Gabriel Silber. El abogado fue diputado por cuatro períodos consecutivos: primero por el distrito 16 de la Región Metropolitana, de 2006 a 2018 y luego por el distrito 8, de 2018 a 2022.
Gabriel Silber fue quien alegó en la Corte de Apelaciones de Copiapó el 8 de junio de 2023 en representación del consorcio chileno-bielorruso. Su contraparte fue el abogado Raimundo Labarca, representante de Codelco, quien expuso las presuntas irregularidades de este caso hace tres semanas en la Comisión de Ética de la Corte Suprema El 13 de junio de 2023, el tribunal de Copiapó rechazó por la unanimidad de sus tres integrantes el recurso de protección. Entre otras razones, porque el caso ya se ventilaba en otra jurisdicción: un arbitraje. En abril de 2023, Codelco había activado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la CCS el arbitraje dispuesto en los contratos y a comienzos de mayo se designó como árbitro del caso a Francisco Aninat Urrejola, quien inició el procedimiento el 22 de mayo. Todavía las dos empresas discuten en esa sede el conflicto de negocios que las enfrenta.
Menos de un mes después del fallo de la Corte de Copiapó, con una sorprendente celeridad, la Tercera Sala de la Corte Suprema dio la razón al Consorcio Belaz Movitec y liberó millonarios fondos retenidos por Codelco.