La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ha sufrido un revés en la disputa que sostiene con el consorcio Belaz-Movitec (CBM). Este conflicto surge después de que Codelco excluyera a CBM de las operaciones del proyecto Rajo Inca. Ahora, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha decidido a favor del consorcio chileno-bielorruso, revocando la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Copiapó y ordenando a la minera estatal la «restitución inmediata» de los equipos propiedad de CBM.
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Este fallo, redactado por la ministra Ángela Vivanco, el magistrado Mario Carroza y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides, instruye a Codelco a devolver de inmediato los equipos, vehículos, perforadoras, maquinaria pesada y bienes de propiedad de CBM. Además, se ordena a Codelco proporcionar acceso y condiciones para que CBM pueda retirar sus bienes de la mina Rajo Inca, y se abstenga de obstaculizar la entrega de estos mediante cualquier requerimiento de suscripción o entrega de documento alguno.
En una decisión que va en contra de los intereses de Codelco, la Corte Suprema también sostiene que la empresa estatal debe poner fin a la retención de los fondos correspondientes al estado de pago N° 23, que suma cerca de $12 mil millones requeridos por el Consorcio BelazMovitec SpA. Se espera que este pago se realice de inmediato una vez notificada la sentencia.
El cumplimiento de estas instrucciones no afecta cualquier otra decisión cautelar o de fondo que pueda tomar la autoridad competente en el procedimiento arbitral entre las partes. Esta resolución fue adoptada con el voto en contra de la ministra María Cristina Gajardo, lo que evidencia la complejidad y polarización del caso.
Los jueces de la Tercera Sala de la Corte Suprema argumentan que las circunstancias expuestas por Codelco no justifican la retención de los fondos ni la incautación de los bienes, vulnerando así la garantía de propiedad que corresponde a CBM. Además, recalcan que la retención de un estado de pago presentado y no objetado por Codelco, viola los términos establecidos en los instrumentos de regulación del contrato.
Los magistrados hacen hincapié en que la cláusula compromisoria no autoriza a ninguna de las partes a suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, el consorcio presentó sus respectivos estados de pago por el avance del encargo, sin que Codelco haya podido justificar la retención de estos.
La Tercera Sala considera posible establecer indiscutiblemente que Codelco posee en sus instalaciones una serie de equipos, vehículos, y maquinaria pesada propiedad de CBM. Sin embargo, esta tenencia no cuenta con ninguna justificación que la ampare, lo cual incrementa la gravedad del asunto.
Sobre la petición de nulidad de Codelco, uno de los abogados de Movitec, Antonio Saavedra, explica que en el procedimiento del recurso de protección no existeel «incidente de nulidad» de vista de la causa. A su juicio, los abogados de Codelco debieron solicitar audiencias de alegato cuando ingresaron la apelación a la Corte Suprema el 28 de junio de 2023, lo que no hicieron.
Saavedra añadió que, de haber sido más diligentes, los abogados de Codelco podrían haber solicitado alegatos el 30 de junio de 2023, cuando presentaron un escrito solicitando el rechazo de la Orden de No Innovar (ONI). Sin embargo, al no hacerlo en ese momento, precluyeron su derecho. En resumen, Saavedra argumenta que las reclamaciones de los abogados de Codelco carecen de fundamento y deben ser rechazadas de plano.
Esta decisión de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la disputa entre Codelco y el consorcio Belaz-Movitec. Este caso es una clara muestra de los desafíos que enfrentan las empresas estatales como Codelco en la industria minera, subrayando la importancia de respetar los acuerdos contractuales y los derechos de propiedad de las demás empresas involucradas en los proyectos mineros.
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