Un tribunal federal de EEUU podría extender el plazo para la revisión de las ofertas presentadas en una subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, lo que retrasaría la resolución de este caso de siete años de duración, según tres fuentes cercanas al tema.
Retraso en la resolución del caso
La subasta judicial de Citgo Petroleum, la séptima mayor refinería de petróleo de EE.UU., busca satisfacer reclamaciones por expropiaciones e impagos de deuda contra Venezuela, por un monto de hasta 21.300 millones de dólares. Sin embargo, debido a la complejidad de las ofertas presentadas en la segunda ronda, el tribunal aprobaría una extensión del plazo, retrasando así la resolución del caso, según las fuentes consultadas.
«Los banqueros de inversión están tratando de igualar – hacer comparaciones de manzanas con manzanas. Esto puede llevar más tiempo del esperado», afirmó una de las personas consultadas.
Riesgos políticos y complicaciones en las ofertas
Con la fecha prevista de finalización de la venta cercana a las elecciones presidenciales venezolanas, se ha solicitado al tribunal que retrase o detenga la subasta para evitar que los resultados alteren el resultado electoral en el país. Además, las ofertas en la segunda ronda han resultado ser más complejas de lo esperado, con combinaciones de efectivo y ofertas de crédito de los acreedores autorizados por el tribunal. Además, se ha solicitado a los licitadores que revelen si sus ofertas incluyen planes para pagar a los titulares de un bono garantizado con acciones de la matriz de Citgo, lo que agrega otro nivel de complejidad.
Inversores y financiamiento
En la segunda ronda de licitación, al menos cinco grupos de inversores presentaron ofertas vinculantes, y tres de ellos lograron compromisos de financiamiento de bancos y asesores, como JPMorgan, Morgan Stanley y Rothschild & Co.
Importancia de la subasta para Venezuela
La administración de Nicolás Maduro y su oposición política han expresado su interés en que la subasta sea retrasada o detenida, para evitar posibles repercusiones políticas y económicas. Por otro lado, los abogados que representan a Venezuela han calificado las ofertas de «decepcionantes» y han solicitado una tercera ronda si no se alcanza un valor justo para la empresa.
«Hay 100 razones por las que esta subasta no debería ser apresurada. Existe la posibilidad de que llegue un nuevo gobierno que honre sus obligaciones y no quiere que se venda este activo. El tribunal podría mostrar un poco de sensatez, un poco de moderación, y ver qué pasa», concluyó una fuente cercana al proceso de venta.