Reforma ambiental en Chile fortalece fiscalización y cumplimiento normativo

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara ha dado un significativo avance en la tramitación del proyecto de reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Este proyecto busca reforzar la capacidad de fiscalización e incentivar el cumplimiento ambiental, dando paso ahora a la discusión en la Comisión de Hacienda.

Avance legislativo del proyecto

Durante esta tarde, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la reforma, marcando un paso crucial en su avance legislativo. La iniciativa, que comenzó su primer trámite en marzo de 2024, fue aprobada en general el 31 de mayo. El objetivo principal es fortalecer la fiscalización ambiental y agilizar la toma de decisiones, ofreciendo reglas claras y respuestas más eficientes a los interesados. En esta línea, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, indicó que se busca proporcionar herramientas más eficientes y eficaces a la SMA.

Propuestas clave del proyecto

El proyecto propone mejoras en la gestión de denuncias, incluyendo la reducción de plazos para la admisibilidad y resultados. Se contempla la reserva de identidad del denunciante durante la investigación, y en casos de ruidos molestos, se plantea que las municipalidades se encarguen de la fiscalización, mientras los Juzgados de Policía Local manejen las sanciones. Además, se creará un procedimiento sancionatorio simplificado para infracciones leves.

Nuevas medidas cautelares

El proyecto amplía la potestad cautelar de la SMA para actuar en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o cuando actividades industriales represente un riesgo grave e inminente. Además, se ofrecen vías alternativas de cumplimiento para situaciones menores sin afectación significativa, como cartas de advertencia y planes de corrección.

Impacto esperado

Con estas reformas, se espera que la SMA pueda realizar una mejor fiscalización ambiental. La intención es no solo de fiscalizar, sino también de fomentar el cumplimiento normativo por parte de los regulados. Esto supondrá un avance significativo en la protección del medioambiente y la salud de las personas.

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