Quiborax y la demanda del CDE: “Nos preocupa que este asunto esté impulsado por motivaciones políticas”

Gerente legal de la firma, Daniel Ocqueteau, puso el foco en los cuestionamientos que han recibido las autoridades de Conaf, impulsor de la acción judicial contra su actividad en Surire.

“Es inverosímil sostener que durante 37 años hemos supuestamente ejecutado labores en un nivel subestándar a vista y paciencia de todos los servicios públicos que nos fiscalizan en forma permanente, como Sernageomin, CONAF, SAG, DT, DGA, entre muchos otros… En un país minero como el nuestro, es imposible que una empresa ejecute actividades por casi 40 años sin cumplir con las prerrogativas regulatorias atingentes a su operación”. De esta manera, Daniel Ocqueteau, gerente legal y director de Quiborax, reaccionó a la demanda interpuesta por el CDE contra la empresa por daño ambiental en el Salar de Surire, donde además manifestaron interés para explotar litio.

-¿Qué razones pueden impulsar al CDE en esta acción?

-Nos preocupa que este asunto esté impulsado por motivaciones políticas, pues Conaf -principal impulsor de la acción del CDE- ha estado muy cuestionado en el último tiempo, en especial sus más altas autoridades.

“En un país minero como el nuestro es imposible que una empresa ejecute actividades por casi 40 años sin cumplir con las prerrogativas regulatorias atingentes a su operación”.

Daniel Ocqueteau, gerente legal y director de Quiborax

-¿Qué les lleva a pensar en esto?

-Que a propósito de un conflicto judicial planteado por Conaf en 2008, en que obtuvimos categóricos fallos favorables, con costas, en ambas instancias, el propio CDE realizó una visita inspectiva multisectorial al Salar de Surire, donde no sólo constató in situ que se cumplían a cabalidad los decretos supremos y demás autorizaciones sectoriales que regulan la actividad de la empresa en sus faenas, sino que no existía detrimento ambiental alguno. En dicha visita, llamó la atención del CDE la calidad y rigurosidad de los planes de seguimiento ambiental que la empresa lleva a cabo hace décadas en el Salar de Surire.

-Quiborax solicitó un contrato para explotar litio a partir de desechos de su actividad como productor de boro y luego ese proceso se frenó. ¿Les han explicado por qué?

-No, ninguna razón técnica relativa al proyecto y a su inmensa relevancia en materia ambiental, social y comunitaria. Es más, nuestro proyecto es un ejemplo maravilloso de economía circular, a través de la recuperación del litio existente en el material de rechazo de nuestro proceso productivo, sin intervención alguna del ecosistema de un Salar.

-¿Creen que hay competidores detrás de esta arremetida del Estado?

-Es muy curioso que justo después de recibir luz verde para nuestro proyecto de extracción de litio y empezar a avanzar derechamente en los términos de un CEOL, una parte derechamente manipulada de correos electrónicos hackeados a la empresa fueran publicados, generando, primero, la detención del proyecto y, tres meses después, este anuncio de demanda por parte del CDE. No es difícil enlazar estos hechos, pues es evidente que pocas semanas después que Quiborax manifestara interés en los dos salares en que es titular vigente de concesiones mineras en casi la totalidad de la superficie de ambos -y en los que ejecuta labores productivas hace décadas- aparezca una demanda del propio Estado en que se pide que se paralice la ejecución de toda labor minera de la empresa en el Salar de Surire.

Por otra parte, es paradójico que el CDE afirme que en el Salar de Surire no sería posible ejecutar actividades productivas y menos mineras, pero hace un par de meses, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, el Estado sólo excluyó de dicho salar un área acotada, dejando la gran mayoría del mismo como una zona susceptible de ejecutar un proyecto minero.

-¿En qué pie está la relación con las comunidades indígenas?

-Tenemos una excelente relación y en estos días no sólo han expresado su apoyo a la empresa, tanto en su operación actual como proyectos de futuro, sino que, además, han repudiado y considerado altamente ofensiva la acción judicial del CDE

-Dado que la familia Fosk es de origen judío y el Gobierno ha tenido varias controversias con Israel, ¿estiman que este factor puede haber influido de alguna manera en la demanda del CDE o en la entrega del CEOL?

-Preferimos creer que en este Gobierno no existe ese tipo de motivaciones. Efectivamente -y con pleno orgullo- somos una familia de origen judío que responsable y permanentemente hemos aportado trabajo y calidad de vida para nuestros colaboradores y para las regiones en que estamos insertos, durante décadas.

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