Proyecto de Ley: Transparencia en uso de fondos del royalty minero

El reciente proyecto aprobado por la Cámara de Diputados busca garantizar un uso transparente de los recursos del royalty minero por parte de los municipios, estableciendo obligaciones claras de rendición de cuentas en sus informes anuales.

Contexto del Proyecto de Ley

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó unánimemente el proyecto de ley destinado a resguardar la destinación y ejecución de los recursos derivados del royalty minero. Este movimiento apunta a asegurar que los fondos sean utilizados de manera transparente por los municipios.

El 1 de enero de 2024 marcó el inicio de la vigencia de la Ley 21.591 sobre Royalty a la Minería, la cual introdujo tres nuevos fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que apoya directamente a las regiones.

Distribución y Uso de los Recursos

Los recursos generados a partir de estos fondos están destinados a financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, además de fomentar el desarrollo de actividades productivas. La entrega de estos fondos comenzará en 2024 y se ampliará en 2025, apoyando a 307 municipios. Este gesto busca asegurar una oportunidad de crecimiento en lugar de problemas de gestión, como se detalla en la moción original.

Transparencia y Rendición de Cuentas

El proyecto fortalece el contenido de la cuenta pública anual que las municipalidades deben presentar, añadiendo nuevas materias a informar. Se enfatiza la necesidad de incluir el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591 en sus cuentas públicas. Además, se requiere comunicar cómo estos fondos se han ejecutado en los proyectos y programas correspondientes.

Necesidad de Control y Transparencia

El debate legislativo recordó casos de malversación de fondos en múltiples municipalidades a nivel nacional. En respuesta, se consideró crucial aumentar la transparencia y el control no solo en el nivel municipal, sino también a nivel regional. Esto refuerza la importancia de garantizar una gestión adecuada de los recursos públicos.

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