En una reciente entrevista con El Comercio, el presidente de Compañía de Minas Buenaventura y decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Roque Benavides, resaltó la importancia crítica de establecer un sistema nacional de trazabilidad para abordar la problemática de la minería ilegal en el país.
Benavides señaló que el enfoque en cuatro ejes fundamentales puede detener el avance peligroso de la minería ilegal y promover el desarrollo territorial.
Declarar la minería ilegal como amenaza nacional
El primer eje propuesto por Benavides es declarar la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional. Esta medida permitiría al Estado aumentar su presencia en las áreas afectadas, abordando así la informalidad que conlleva la delincuencia asociada a esta actividad.
Fortalecimiento del marco normativo
El segundo punto crítico abordado es el fortalecimiento del marco normativo. Benavides insta a la aprobación de un plan de lucha contra la minería ilegal y a concluir los procesos de formalización. Además, destaca la importancia de eliminar las exenciones de responsabilidad para aquellos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el principio de oportunidad, permitiendo así que los fiscales ejerzan la acción penal sin restricciones.
Desarrollo institucional y supervisión
El tercer eje propuesto implica el desarrollo institucional y una supervisión más efectiva. Benavides aboga por el fortalecimiento de los gobiernos regionales y de los mecanismos de alerta y respuesta inmediata de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para combatir el lavado de activos. También destaca la necesidad de una supervisión conjunta por parte de entidades como OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL y SUNAT sobre la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
Trazabilidad en la cadena productiva del oro
Por último, Benavides enfatiza la necesidad de establecer un sistema nacional de trazabilidad en la cadena productiva del oro. Esto implicaría reforzar el Registro Especial de Proveedores de Insumos, Comercializadores y Procesadores de Oro y optimizar el control sobre las plantas procesadoras.