Para nadie es un secreto que las economías informales e ilegales han terminado en varias ocasiones financiando la política en todos los niveles. En ese sentido, varios congresistas de la actual legislatura han sido acusados o sindicados como —si no representantes directos— por lo menos allegados a las economías ilegales e informales. Así, además, estos congresistas habrían o continuarían siendo financiados por estas economías.
Tenemos entonces un problemón, como se suele decir en el argot callejero. Las economías informales, pero sobre todo las economías ilegales tanto de minería como algunas más, pueden financiar campañas, candidatos, incidir directamente en la política y en las decisiones de políticas públicas. El problemón es aún peor porque el sector empresarial formal, que tributa y cumple las normas ambientales, sociales y laborales, está maniatado y limitado para siquiera contribuir en una campaña política o en una campaña de comunicación que promueva la defensa de la economía de mercado. Vale recordar que la reforma política-electoral pasada prohibió en absoluto el financiamiento de personas jurídicas, es decir empresas formales a las campañas políticas.
¿A qué vamos con todo lo anterior? A que finalmente en el Congreso se termina defendiendo a cualquier otro tipo de economías menos a la formal. Por ejemplo, en el caso de la minería, hay congresistas que defienden la posibilidad de una formalización de cientos de mineros informales (que debe darse sí o sí), pero no se defiende con total claridad a la minería moderna que paga impuesto y es el “sueldo del Perú”. ¿Hay acaso en los últimos años registro de que alguna bancada promercado haya defendido a la minería moderna de los ataques violentos o los mitos antimineros con absoluta claridad?
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Importante decir lo siguiente. Se entiende que el sector de gremios y asociaciones en vías de formalización busque representación política en el Congreso porque finalmente la democracia permite, hasta ciertos límites, semejantes estrategias; pero ¿por qué no puede hacer lo mismo la minería moderna? Si el Perú es un país minero, ¿por qué las empresas privadas que hacen minería moderna no pueden contribuir a los partidos que defienden la economía de mercado, las inversiones y la propiedad privada frente a la ilegalidad, el colectivismo o los mitos antimineros?
Aquí lo que existe es un sesgo de toda la clase política en general, y del Congreso en particular, en contra de la minería moderna que, como hemos dicho, tributa, genera empleo y es un motor antipobreza. Y algo también tendríamos que añadir, y es que si no son las economías ilegales e informales, son las organizaciones no gubernamentales que con agendas claras y precisas también financian a algunos políticos. ¿Cuál es el miedo en el Parlamento de defender la minería moderna?