Partido Liberal propone crear una Ley Reservada del Litio para financiar pensiones

Vlado Mirosevic, presidente de la colectividad, explica que esto corresponde a US$ 3.609 millones entre 2024 y 2027 e irían a un Fondo de Ahorro Colectivo.

Una Ley Reservada del Litio, tal como existió en el pasado respecto del cobre y la defensa nacional, propone el Partido Liberal, presidido por el diputado Vlado Mirosevic. La normativa supone reservar en forma exclusiva el 1,20% del PIB obtenido producto del litio en el periodo 2024-2027, equivalente a US$ 3.609 millones, y destinarlo al pago de pensiones por medio de la creación de un Fondo de Ahorro Colectivo concebido para tal efecto.

“Necesitamos un gran acuerdo nacional para que los recursos de este mineral estratégico vayan a pensiones, tanto como PGU (Pensión Garantizada Universal) como al Fondo de Ahorro Colectivo que surgirá si se aprueba la reforma de pensiones”, señaló al respecto el diputado Mirosevic. “Con esta propuesta nos hacemos cargo de uno de los mayores desafíos que tenemos como país, que es otorgar jubilaciones dignas a los chilenos y chilenas después de su vida laboral”, enfatizó.

Respecto del nombre, agregó que “una Ley Reservada del Litio busca que los recursos provenientes de este mineral brinden estabilidad al gasto para pensiones, de la misma manera que la Ley Reservada del Cobre permitió financiar de manera estable por muchas décadas el gasto militar”.

Mirosevic sostuvo que la idea es mantener el restante 44% de los recursos del litio en el llamado Ajuste Prudencial, que se ahorra.

Según las proyecciones de la Dirección de Presupuestos, dicho aporte equivale a que 0,94% del PIB se destine a ahorro fiscal, unos US$2.827 millones.

El presidente del Partido Liberal explicó que la idea de la Ley Reservada del Litio surgió al alero de la Estrategia Nacional de este mineral, que se dio a conocer en abril pasado y que tiene como objetivo aumentar la producción del compuesto, propiciar una mayor industrialización del mismo, así como recaudar mayores ingresos fiscales. “En ese contexto es que nace la solicitud de que con cargo a la recaudación fiscal que reporte la actividad económica relativa al litio, se reserve una parte para financiar una mejora en las pensiones de los jubilados y jubiladas de nuestro país”, enfatizó el parlamentario.

Vlado Mirosevic explicó que, según datos de la Superintendencia de Pensiones al 30 de junio de este año, hay actualmente 1,1 millones de personas a quienes se les pagan pensiones de vejez y anticipada autofinanciada (antes de aplicar PGU según corresponda) por un monto anual de US$ 4.925 millones, equivalente al 1,6% del PIB.

Estatus jurídico

Cabe señalar que en Chile el litio ha tenido dos estatutos jurídicos. Hasta antes de 1979, esta sustancia era considerada un mineral común, que podía ser explotado a través de concesiones mineras, tal como ocurre con el cobre, el oro o cualquier otro mineral.

Todo ello cambia con el Decreto Ley 2886 de 1979, que modificó la regulación y estableció la reserva del litio en favor del Estado. “Esto último significó que las concesiones mineras dejaron de poder explotar litio, creándose en 1982, a través de la ley 18.097 sobre concesiones mineras, un nuevo estatuto jurídico del litio”, detalló el diputado del Partido Liberal.

De conformidad con este nuevo régimen, que ratifica la reserva del litio, agregó que este mineral solo puede ser explotado por el Estado de Chile, ya sea directamente o a través de sus empresas, por autorizaciones administrativas, o bien, mediante contratos especiales de operación de litio.

Actualmente, existen solo dos empresas productoras de litio en Chile: SQM y Albemarle.

Mirosevic destacó que en ambos casos, la explotación de litio utiliza concesiones mineras constituidas bajo el sistema anterior a 1979 en el Salar de Atacama. “En otras palabras, no existe a la fecha ningún proyecto minero de conformidad con el nuevo régimen legal”, se lee en el texto del proyecto para crear la Ley Reservada del Litio.

Un segundo punto relevante es que también en ambos casos las concesiones mineras son de propiedad del Estado de Chile, existiendo contratos con SQM y Albemarle, señaló el ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fuente: Diario Financiero

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