Un veredicto crucial se avecina: la justicia examina la constitucionalidad del acuerdo entre Panamá y First Quantum Minerals Ltd.
La Corte Suprema de Panamá ha decidido tomar acción ante una demanda significativa que cuestiona la legalidad del contrato entre el gobierno panameño y la minera de cobre First Quantum Minerals Ltd. Este movimiento judicial surge en medio de protestas y oposiciones firmes por parte de sindicatos, activistas ambientales y estudiantes, quienes argumentan que dicho contrato infringe la soberanía nacional de Panamá sobre sus propios recursos minerales.
Detalles del Contrato
El contrato que está bajo escrutinio fue aprobado por el Congreso panameño el 20 de octubre, permitiendo a First Quantum Minerals Ltd. extraer cobre durante 20 años, con una opción de extensión por 20 años adicionales. Este acuerdo representa una contribución significativa a la economía, siendo la mina una principal fuente de ingresos para la compañía y aportando alrededor del 1,5% de la producción mundial de cobre. Además, se ha acordado un pago mínimo anual de US$375 millones al gobierno panameño, que se utilizará, según palabras del presidente Laurentino Cortizo, para incrementar los pagos de pensiones a los jubilados a partir del 20 de noviembre.
Lo más leído
Reacciones y Protestas
La noticia de la revisión judicial provocó una reacción inmediata en el mercado, resultando en una caída de las acciones de First Quantum en la bolsa canadiense. Además, en las calles de Panamá, sindicatos, activistas y estudiantes han levantado su voz, exigiendo un plebiscito nacional y argumentando que el contrato viola la soberanía nacional del país sobre sus minerales. Las manifestaciones han sido intensas, llegando a bloquear carreteras con piedras y neumáticos quemados, todo en un llamado a la revocación del contrato.
Proceso Judicial
La Corte Suprema ha anunciado que emitirá una opinión sobre la demanda en un plazo de 10 días hábiles y, si es necesario, solicitará argumentos escritos a los abogados de ambas partes. Este proceso se prevé meticuloso y podría tomar tiempo antes de llegar a una resolución que determine la constitucionalidad del contrato entre Panamá y la minera.