En relación al escenario actual de Cobre Panamá, gremios panameños han expresado la necesidad de que el Estado revise el marco jurídico que regula la actividad minera en el país. Desde el año 2018, la mina de Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón, ha experimentado fluctuaciones debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 1997, el cual había dado inicio a los trabajos de minería en la zona. Esto generó incertidumbre en la empresa minera después de realizar inversiones significativas.
A principios de 2022, el Gobierno Nacional anunció un nuevo Contrato Ley entre el Estado y Cobre Panamá, el proyecto de inversión extranjera más grande del país, con el objetivo de establecer mejores beneficios para Panamá. Aunque este contrato fue aprobado por el Gabinete, se espera que sea debatido en la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio de este año.
Ante este contexto, los gremios relacionados con las empresas privadas han apelado a una revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera en el país. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) sugiere revisar el código minero para actualizarlo de acuerdo con la industria actual y fortalecer la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con una estructura institucional más robusta y mayor capacidad de fiscalización. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) también enfatiza la necesidad de actualizar el Código de Minas con urgencia, aunque sin confundir el debate sobre el contrato con los mecanismos de control y cumplimiento de las normas ambientales.
En un comunicado, el CoNEP ha solicitado a la Asamblea Nacional que apruebe el contrato, ya que rechazarlo sería un camino peligroso y poco beneficioso para el país. Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá destaca la importancia de cuidar la economía que ha surgido en torno a este proyecto minero, el cual ha generado miles de empleos directos e indirectos. La Cámara enfatiza que el nuevo contrato negociado entre las partes es un paso necesario y resalta la urgencia de establecer una institucionalidad sólida para gestionar un tema tan relevante a nivel social, ambiental y económico.
La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) destaca el ejemplo de Cobre Panamá como una muestra de que la minería responsable puede ser un motor de desarrollo sostenible para el país y las comunidades. El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) insta a la Asamblea Nacional a aprobar el nuevo contrato, resaltando la importancia de la seguridad jurídica y las inversiones que se están realizando.
En resumen, los gremios panameños coinciden en la necesidad de aprobar el contrato ley entre la minera y el Estado panameño. Además, sugieren una revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera en el país. Los gremios enfatizan la importancia de actualizar el código minero, fortalecer las instituciones encargadas de regular la actividad minera y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y protección ambiental.
Temístocles Rosas, presidente de Apede, señala que es necesario revisar el código minero para adaptarlo a la industria actual y fortalecer las instituciones involucradas en la regulación minera. Por su parte, el Conep destaca que el debate sobre el contrato no debe obstruir las posibilidades de desarrollo que la minería puede ofrecer al país, siempre y cuando se cumplan estrictamente las normas medioambientales.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace hincapié en la importancia de proteger la economía generada en torno al proyecto de Cobre Panamá, el cual ha generado empleos directos e indirectos. Además, insta a establecer una nueva institucionalidad sólida para gestionar los aspectos sociales, ambientales y económicos de la minería.
La Cámara Minera de Panamá destaca el ejemplo de Cobre Panamá como una muestra de que la minería responsable puede contribuir al desarrollo sostenible del país y las comunidades. El Sindicato de Industriales de Panamá insta a la Asamblea Nacional a aprobar el nuevo contrato, destacando que brinda seguridad jurídica y beneficios económicos y sociales.
En conclusión, los gremios panameños coinciden en la importancia de revisar el marco jurídico que regula la actividad minera en el país. Sugieren actualizar el código minero, fortalecer las instituciones involucradas y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Asimismo, instan a la aprobación del contrato ley entre la minera y el Estado para promover el desarrollo sostenible y generar beneficios económicos para el país y las comunidades involucradas.