La compañía Sierra Atacama -que opera un yacimiento de cobre centenario ubicado a 70 kilómetros de Antofagasta y que es controlada por el empresario Víctor Hugo Puchi- solicitó la apertura de un procedimiento de reorganización ante la justicia y así alejarse del fantasma de la quiebra.
La firma -asesorada por el estudio Castañeda, Chadwick y Pino Abogados- presentó los antecedentes ante el 4° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta. Ahí informó que sus pasivos superan los $ 70 mil millones (unos US$ 80 millones) y que sus principales acreedores son Mitsui, Tanner y Recomin Servicios Mineros.
La reorganización judicial es un procedimiento que permite a una empresa deudora reestructurar sus activos y pasivos, mediante un acuerdo con sus acreedores. En éste se pueden establecer nuevos plazos, remisiones de deudas (también conocida como quita o rebaja de la deuda) o modificación de ciertas obligaciones.
Las mermas
Víctor Hugo Puchi entró al negocio minero hace unos tres años, luego de vender su participación en AquaChile a Agrosuper por US$ 285 millones en 2018. Así, tomó el control de Sierra Atacama, en una operación cuyo monto no fue revelado. También ingresó como accionista minoritario el economista Jorge Quiroz, socio principal de su firma de asesoría financiera Quiroz y Asociados.
“Sierra Atacama SpA, nació en enero del año 2020 como un proyecto de rehabilitación de una antigua faena minera dedicada a la explotación de mineral y producción de cátodos de cobre por medio de electro-obtención”, explicaron en su solicitud de reorganización judicial Francisco Errazquin y Rudy Canales, en representación de la compañía.
Y añadieron: “Esto es contemporáneo al inicio de la pandemia, lo que implicó un primer gran impacto negativo para el proyecto. Más específicamente, se duplicó el costo de inversión en la iniciativa, se retrasó el inicio de la operación por cerca de un año y también se duplicó el costo de los principales insumos -ácido, energía y diésel- respecto del proyecto original”.
Según se detalló, la operación de la compañía comenzó en julio de 2022, con una producción de 288 toneladas de cátodos por mes en promedio dicho año. Esto, señalaron los representantes de la firma, fue muy por debajo de las 700 toneladas proyectadas originalmente, problema que se mantuvo en el tiempo debido a que la planta de chancado no funcionó correctamente, provocando significativas mermas productivas durante el primer año de funcionamiento, afirmaron.
Recursos frescos
Para revertir esta situación, la compañía dijo que cambió los chancadores secundario y terciario de la planta. Los equipos antiguos, de origen Chino (Shambao), fueron reemplazados por unos Sandvik de última generación.
Se detalló que la orden de compra de estos chancadores se entregó en noviembre de 2022, a cinco meses de iniciada la operación, pero estos no pudieron ser instalados hasta julio de 2023. Ante esto, la sociedad dijo que no pudo revertir la situación productiva durante los primeros 13 meses de operación.
Todo lo anterior se tradujo en la necesidad de inyectar dineros frescos a la firma para sostener la operación. “Dichos recursos fueron provistos por el socio controlador y totalizaron aportes de capital por US$ 47 millones a diciembre de 2022, a los que se suman otros US$ 35 millones durante 2023. Esto, materializado por la vía de aumentos de capital o préstamos del controlador para solventar las pérdidas operacionales”, dijo la empresa en su presentación a la justicia.
Luego, se explicó que la compañía ha sido capaz de lograr rendimientos productivos superiores a los planificados al origen de la operación, lo cual se ha traducido en producciones que han promediado las 670 toneladas mensuales desde agosto (primer mes completo con nuevos chancadores) a noviembre. Asimismo, la administración afirmó que la planta de electro-obtención cuenta hoy con la capacidad de producir cerca de 950 toneladas mensuales de cátodos de alta pureza, más de un 30% del proyecto original y que hoy pueden ser logradas dada la capacidad operativa existente en toda la planta de procesos.
“La compañía estima que esta solicitud de reorganización es la forma en que se podrá cumplir los compromisos adquiridos con sus proveedores y darle viabilidad al proyecto productivo. Por todo lo anteriormente dicho, se torna fundamental y necesario iniciar un procedimiento de reorganización judicial, por cuanto tenemos la convicción de la viabilidad de la compañía”, señaló la firma.