Casi 80 días de tramitación tiene el denominado «proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde – HNH Energy», iniciativa que se desarrollaría en la Región de Magallanes que fue ingresada a evaluación ambiental el 31 de julio y que totaliza una inversión de US$ 11 mil millones, siendo el costo más alto presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde su entrada en vigencia.
El megaproyecto de amoníaco verde -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- logró sortear su primera valla el 31 de julio al ser admitido a trámite en el SEIA. Pero hay un nuevo hito: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió no poner término anticipado al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por falta de información relevante y/o esencial (IRE).
Hasta ahora, se han realizado en la Región de Magallanes cuatro instancias abiertas, en el marco de la participación ciudadana formal, para dar a conocer los detalles del proyecto y atender consultas.
Según los plazos establecidos, ya pasó la oportunidad de ejercer la facultad del término anticipado, lo que implica que el proyecto continúa su tramitación. Esto, ya que hasta el 2 de octubre tenía el SEA para pronunciarse.
Considerando que la admisibilidad lograda en un proyecto que representa la mayor inversión que se tramita actualmente no era menor, este último hito representa una segunda barrera relevante que supera HNH Energy.
Hasta ahora, se han realizado en la Región de Magallanes cuatro instancias abiertas, en el marco de la participación ciudadana formal, para dar a conocer los detalles del proyecto y atender consultas. Próximamente, vienen dos fechas importantes: el 7 de noviembre finaliza la participación ciudadana y a fines de octubre se espera la publicación del Informe Consolidado de Aclaraciones y Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) por parte del SEA. Este último, como dice su nombre, consolida las observaciones de los OAECA para que el titular pueda presentar su adenda.
La antesala por el temido término anticipado
El paso que dio HNH Energy es relevante, considerando que en las últimas semanas se ha generado un amplio debate por el término anticipado de iniciativas. El más polémico fue el proyecto de almacenamiento de energía Central de Bombeo Paposo de Colbún que se emplazaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, involucrando una inversión de US$ 1.400 millones.
Luego que el SEA de Antofagasta acogiera parcialmente el recurso de reposición presentado por la empresa, pero decidiera mantener el término anticipado al procedimiento que fue decretado en primera instancia por falta de información relevante y/o esencial, la eléctrica ligada a la familia Matte decidió suspender el desarrollo de la iniciativa. Esto provocó que la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, solicitara la renuncia no voluntaria al director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo, a la que él accedió.
También fue tema de debate el rechazo por parte del SEA de Atacama del EIA del proyecto de ajustes y continuidad operacional en la Mina Los Colorados, presentado por Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, que contempla una inversión estimada de alrededor de US$ 344 millones. Argumentando que el EIA carecía de información esencial, se declaró el término anticipado.
Si bien las iniciativas pueden ser reingresadas al sistema de evaluación, Durán debió asistir el 7 de octubre a la comisión de Medio Ambiente del Senado para explicar lo sucedido en ambos casos.
La oposición que asoma
Durante el proceso de evaluación, ya se han pronunciado 28 organismos sobre el EIA del proyecto como las municipalidades de San Gregorio y Punta Arenas; la Dirección General de Aguas de la región; las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, Medio Ambiente, Salud y Obras Públicas; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Los pronunciamientos de esta última entidad generan preocupación en los titulares de proyectos de inversión por los efectos que pueden tener en las iniciativas y, esta vez, probablemente no es la excepción.
El 17 de septiembre, en un documento firmado por Susana Simonetti de Groote, secretario técnica (s) del CMN, se informa -entre otros aspectos- que la intervención dentro de la faja fiscal de la Ruta Internacional Monte Aymond (CH-255) que atraviesa el Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica Estancia San Gregorio en el km 120 «genera un impacto significativo y grave en los valores y atributos del área protegida que no puede ser compensado». «Este Consejo indica que dicha intervención es inadmisible», se asegura.
Luego que el SEA de la Región de Magallanes y Antártica Chilena solicitara aclarar y/o complementar el pronunciamiento, el 2 de octubre el secretario técnico del Consejo, Erwin Brevis, volvió a la carga. «El proyecto como se plantea en el EIA, implica la alteración en las relaciones entre los elementos a lo largo de toda la principal vía estructurante existente, y por tanto, modifica y altera gravemente sus ‘elementos característicos sustanciales del conjunto y su entorno, que reflejan las fases significativas de su desarrollo, construcción, utilización y transformación, en los diferentes períodos del tiempo de su propia historia’, sostuvo.
Se añade que «los bienes que configuran el patrimonio cultural, tienen valores y cualidades únicas e irremplazables. En el caso de la Zona Típica de Estancia San Gregorio, los valores de conjunto, de singularidad, de integridad y de autenticidad le son esenciales y sustanciales, dándole sentido a su protección en cuanto tal».
«La propuesta que se encuentra actualmente en evaluación ambiental afecta dichos valores protegidos. En ese sentido, no es posible establecer medidas de compensación –entendidas como aquellas que buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado- que digan relación con la magnitud de la afectación«, se indica.
Sólo restaría el pronunciamiento de tres entidades: Municipalidad de Laguna Blanca, Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen) y Seremi de Minería.
Fuente: Diario Financiero