El ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos abordaron los cuestionamientos que apuntan a que las irregularidades en los traspasos entre el Estado y fundaciones podrían haber sido facilitadas producto de cambios en el erario fiscal.
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En medio del escándalo por el Caso Convenios, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, asistieron a la comisión del ramo del Senado para abordar los cuestionamientos que han surgido en la oposición, que apuntan a que las irregularidades en los traspasos entre el Estado y fundaciones que son investigadas podrían estar relacionadas con los cambios que se hicieron en el erario fiscal de 2023.
Y es que la gestión de Martínez está bajo tela de juicio a propósito de las modificaciones que habrían flexibilizado la ejecución del Presupuesto vigente en la partida de Gobiernos Regionales (Gore), lo que -según la derecha- habría facilitado el polémico esquema de transferencias.
Frente a esta idea es que este miércoles las autoridades se vieron en la necesidad de aclarar tanto el rol que debe cumplir la Dipres, como las normas que en la Ley de Presupuestos 2022 generaban mayores incentivos a establecer convenios con instituciones privadas por sobre las públicas, lo que redundaba en una tardía ejecución presupuestaria.
En detalle, Marcel expuso que la Ley de Presupuestos 2022 contenía una serie de regulaciones para los presupuestos regionales que limitaban su ejecución. Producto de ello es que, a junio de 2022, el cumplimiento promedio de dichos presupuestos alcanzaba apenas al 25,7%.
De esta forma, la combinación de la ausencia de facultades y recursos operacionales, más el cúmulo de normas, incentivaban a los Gores a funcionar mayoritariamente a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). «El hecho de que la abundancia de regulaciones no impidiera que los Gores recurrieran a convenios con IPSFL y que en ese proceso se produjeran abusos revela que dichas regulaciones no eran efectivas», se lee en la presentación de Hacienda.
A este respecto, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que «hasta el año pasado lo único que podían hacer los gobiernos regionales era suscribir convenios para desarrollar programas, y estos convenios podían suscribirse con entidades públicas o con entidades privadas. Pero la capacidad para llevar a cabo un proyecto a través de una unidad ejecutora propia, salvo en algunos casos muy excepcionales donde existen corporaciones regionales, en todos los demás casos quedaban limitadas a la suscripción de convenios. Esa era la situación en la que estábamos el año pasado cuando se discutió la Ley de Presupuestos para 2023».
Por su parte, Martínez explicó que una de las trabas para establecer convenios con instituciones públicas y no privadas tenía que ver con cambios reglamentarios que terminaron por enredar los procesos de traspasos.
«Lo que se hizo del 2022 al 2023 es finalmente hacer una partida de Gobiernos Regionales, pero que hayan salido estas asignaciones es más bien un cambio del 2021-2022. Lo relevante de decir es que en 2022 se cambiaron por glosas, y esas glosas hacían más complejo el traspaso a entidades públicas que lo que había antes en 2021, que eran transferencias consolidables, que era la manera histórica en cómo se habían hecho los traspasos desde los Gobiernos Regionales a las entidades públicas», indicó.
Sobre lo mismo, la jefa de la Dipres sostuvo que el 29 de diciembre de 2022 se emitió una resolución exenta con el fin de organizar el tema de las asignaciones a instituciones privadas sin fines de lucro.
«El año 2021 no existía años de antigüedad en esa asignación, no pasaba por la revisión del Core, no tenían requisitos mínimos, no había publicidad de transparencia. El año 2022 tampoco tenía», mencionó. «El año 2023, lo que nosotros hicimos, a través de este reglamento, es pedir que existieran años de antigüedad según el reglamento que tenga que ser aprobado por el Core, además que existan requisitos mínimos: definición clara y detallada de la actividad a desarrollar, incorporar requisitos mínimos técnicos para la institución, rendición de cuentas, coherencia con las políticas del nivel central y una publicación en la página web del reglamento.
Entonces, efectivamente, en esto que antes no estaba regulado, la Dirección de Presupuestos sacó un reglamento a fines del año pasado y el 2023 se ha implementado de esta manera», acotó Martínez.
Los estándares para los convenios
Con el fin de aclarar el panorama, el titular de Teatinos 120 precisó que «en la ley de Presupuestos de 2022 no había exigencias de antigüedad de dos años para los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro a través de asignaciones directas. No es sorprendente que se hicieran convenios con instituciones privadas sin fines de lucro que no tenían antigüedad, porque esa norma del Presupuesto 2022 lo permitía, y más encima lo permitía para las asignaciones directas».
En cambio, el secretario de Estado aseguró que «en la Ley de Presupuestos de 2023 no se redujeron los estándares para los convenios para transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro. No se redujeron exigencias, y yo le pido por favor a los parlamentarios que están haciendo esa afirmación que nos digan dónde se ve esa reducción de la exigencia. Hemos ya argumentado en esta sesión que donde estaba por así decirlo el mecanismo expedito para hacer transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, que eran los convenios directos, sin concurso, esos se restringieron».
«En lo que refiere a las asignaciones por concurso, los cambios que se hicieron fue para eliminar restricciones redundantes (…). Sinceramente pido que me digan dónde ustedes ven que se redujeron exigencias, porque nuestra visión es exactamente la contraria», apuntó.
«En la Ley de Presupuestos de 2023 no se redujeron los estándares para los convenios para transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro. No se redujeron exigencias, y yo le pido por favor a los parlamentarios que están haciendo esa afirmación que nos digan dónde se ve esa reducción de la exigencia. Hemos ya argumentado en esta sesión que donde estaba por así decirlo el mecanismo expedito para hacer transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, que eran los convenios directos, sin concurso, esos se restringieron» Mario Marcel, ministro de Hacienda
Para ilustrar en cifras, Marcel mencionó que en el año 2022 las transferencias a instituciones privadas fueron del 55,9% del total, y que el resto eran transferencias a instituciones públicas. Sin embargo, este año, ese 55% se redujo a 20% en el primer semestre. «El tema es hasta dónde se rebajaron exigencias que aparentemente habrían estimulado los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, estas cifras muestran que no ocurrió eso. Si se hubiesen reducido las exigencias, habríamos tenido lo mismo o un aumento, no la tercera parte», aseveró.
Con todo, dijo que la intención no es culpar a las otroras autoridades. «Nuestro punto es si las preocupaciones que aquí se han manifestado, que se expresan en esta ejecución tardía y concentrada al término del año de los presupuestos, este énfasis desproporcionado en los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, si eso es algo que fuimos capaces de reconocer cuando se preparó el proyecto de ley de presupuestos, y si fuimos capaces de reflejarlo en los cambios que se introdujeron en las glosas. Y esto demuestra que, efectivamente, fue así», manifestó.
Y cerró diciendo que «hay 20 fundaciones investigadas por el Ministerio Público, donde 18 corresponden a operaciones en el año 2022, y solo 2 al 2023. Cuando miramos el examen que está haciendo la Contraloría General de la República, 22 operaciones corresponden al año 2022, y 5 al 2023».
Fuente: Emol.com
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