Las protestas antiminería en Panamá se intensifican, pese al llamado a «cordura» del presidente

Las calles de Panamá continúan siendo el escenario de enfrentamientos y manifestaciones a raíz de la reciente aprobación de una concesión minera. Las voces de descontento resuenan en medio de gases lacrimógenos y bloqueos, marcando una sociedad en efervescencia y un gobierno que llama a la «cordura».

Escenario de Confrontación

La situación en el país centroamericano se ha vuelto cada vez más tensa y volátil. Manifestantes, incluyendo obreros y grupos indígenas, han colisionado con las fuerzas de seguridad, resultando en carreteras bloqueadas y un clima de inestabilidad palpable. En lugares como la provincia caribeña de Colón y la Ciudad de Panamá, se vivieron momentos de alta confrontación, con lanzamiento de piedras y respuestas de gases lacrimógenos por parte de la policía.

Impacto en la Sociedad y Servicios

Los efectos de las protestas antiminería se han extendido, afectando diversos sectores de la sociedad. Médicos y profesionales de la salud vinculados a la seguridad social se han sumado a las manifestaciones, decretando un paro y llamando a los pacientes a considerar la urgencia de sus consultas. En el ámbito educativo, se ha suspendido la asistencia a clases presenciales, tanto en escuelas públicas como en la Universidad de Panamá, y algunas empresas privadas han optado por implementar el teletrabajo ante la situación.

La Respuesta del Gobierno

Frente a las crecientes manifestaciones, el presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado a la “cordura” y al respeto de las leyes e instituciones. En su discurso, afirmó su postura de no tolerar actos de vandalismo o anarquía. Además, destacó que el contrato firmado garantiza empleos y asegura una entrada económica significativa, argumentando a favor de los beneficios que, según él, la concesión minera aportará al país.

Críticas y Controversias

La decisión del presidente ha sido recibida con fuertes críticas, especialmente en redes sociales, donde figuras políticas y ciudadanos han expresado su rechazo y preocupación. Acusaciones de contratos “leoninos” y cuestionamientos legales rodean la decisión, alimentando el fuego de las protestas y el descontento social.

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