La producción de cobre en Chile enfrenta diversos desafíos. En los últimos cinco años acumula igual número de descensos consecutivos. Desde los 5.831.600 toneladas anotadas en 2018 -el máximo histórico para el país líder en la elaboración del metal rojo- los niveles sólo han disminuido, cerrando en 2022 en torno a las 5.327.500 toneladas. Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, no ha escapado a esa tendencia.

En los últimos cuatro años su producción de cobre también ha bajado. Pasó de las 770 mil toneladas conseguidas en 2019 a las 646 mil de 2022. Sin embargo, las proyecciones para el 2023 son positivas, ya que en su última entrega de resultados proyectó para el cierre del ejercicio un rango de entre 640 mil y 670 mil toneladas. Una recuperación que vendrá de la mano de la mayor disponibilidad de agua desalinizada en Los Pelambres, el principal plantel productivo que opera la minera basada en Londres.

“En los últimos cinco años hemos sostenido un nivel de producción que hasta el año 2021 estaba sobre 700 mil toneladas. Y yo diría que, como todas las faenas mineras, obviamente enfrentamos reducción en las leyes, pero en el caso nuestro ese impacto ha sido relativamente menor. Ahora, la reducción que hemos tenido el año 2021 y 2022 tiene que ver con el suministro de agua, particularmente en Los Pelambres”, explica Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC.

La puesta en marcha de la planta desaladora -contemplada en su proyecto de infraestructura complementaria, junto una nueva línea de molienda- vino al rescate. “Esa es la principal plataforma hoy día que nos permite aumentar la producción este año y nos permite aumentar la producción también el próximo año”, señala Arriagada, y detalla que actualmente la desaladora está “en un periodo que le llamamos de aumento a capacidad de diseño, que va a concluir a diciembre de este año”.

Sin embargo, los planes de la minera privada para su principal faena no se quedan ahí, y buscan extender la vida útil más allá de 2035, fecha estimada para el límite de los actuales permisos ambientales.

“Lo que viene para Los Pelambres es básicamente la ampliación de la planta desaladora, en la segunda etapa, y la extensión de la vida útil. Eso es lo que llamamos Pelambres Futuro. La extensión de la vida útil es sumamente importante porque Pelambres tiene un recurso minero que permite pensar en hacer minería hasta el año 2050. La idea nuestra es poder ingresar la permisología asociada a ese proyecto dentro de los próximos meses, probablemente de aquí a fin de año”, comenta.

¿Cuáles son los montos de inversión asociados a ese proyecto?

-Están todavía siendo afinados por las ingenierías que estamos construyendo. Es un proyecto que tiene un monto de inversión importante, pero que no requiere de la construcción de infraestructura nueva.

¿En qué consiste finalmente ese proyecto?

-Tiene varios componentes, pero uno es reemplazar alguna infraestructura que prontamente va a requerir reemplazo. Parte de eso tiene que ver con el concentraducto, por ejemplo, y también con habilitar la extensión del uso del tranque de relaves. Hay dos permisos asociados a eso. Uno tiene que ver con el reemplazo del concentraducto, y otro que tiene que ver con la extensión propiamente tal que está asociada a la extensión de la vida del tranque de relaves, que permita la depositación de relaves más allá del permiso actual.

¿Qué están priorizando?

-Esperamos obtener los permisos para el reemplazo de infraestructura como el concentraducto y la ampliación de la planta en el transcurso de este año. Ese permiso ya está en el sistema. El nuevo permiso, que esperamos ingresar prontamente, tiene que ver con la ampliación de la capacidad de extracción en la mina, y con la extensión de la solución de relave. Eso es lo que esperamos hacer en los próximos meses y probablemente antes de fin de año.

Han comentado que este año van a definir la inversión para desarrollar una nueva concentradora en Centinela, por US$3.700 millones. ¿Ya se aprobó?

-Nuestro otro distrito importante es Centinela, y ahí tenemos un proyecto de construir una segunda planta concentradora, proyecto que llamamos Distrito Minera Centinela, en el que hemos venido trabajando por mucho tiempo, y que permite aumentar la producción a través de una inversión muy significativa. Ese proyecto lo vamos a llevar para consideración de nuestro directorio de aquí a fin de año.

O sea, todavía no ha sido aprobado.

-No, no ha sido sancionado para ejecución, para construcción.

Todo lo anterior está atravesado por el tema de la permisología. El gobierno se comprometió resolverlo en la tramitación del royalty. ¿Cómo ven ese avance?

-Uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la política pública es justamente la permisología, poder acortar los tiempos para los permisos que se han extendido. Hoy día en promedio un proyecto minero para aprobarse requiere sobre cuatro años. Por lo tanto, es necesario reformar el sistema permisológico y ese fue un compromiso que quedó plasmado. El gobierno se ha comprometido a buscar las reformas necesarias para reducir los permisos para las inversiones mineras en alrededor de un tercio. Eso es extremadamente importante para promover el desarrollo de la industria y volver a crecer, que es lo que beneficia al país y también a las arcas fiscales. Ahora, todavía no hemos visto en concreto cuál es el proyecto de reforma, pero sí vemos que el gobierno ha tomado ese compromiso y esperamos, por lo tanto, que esto avance prontamente.

Uno de los compromisos era formar una mesa técnica. ¿Ustedes forman parte de esa mesa?

-Nosotros hemos estado entregando información respecto de los cambios que nos parecen importantes a través del Consejo Minero, y por lo tanto nos parece importante que el gobierno pueda avanzar en esto con prontitud.

¿Debiera ser una de las prioridades de la nueva ministra, Aurora Williams?

-Absolutamente, pienso que debe ser una de las prioridades. La reforma al sistema requiere tres cosas: una visión compartida entre el mundo público y privado, de que es necesario y conveniente simplificar la permisología, reduciendo los tiempos sin comprometer el estándar ambiental. Pero se requiere también voluntad política y eso tiene que ser transversal, tiene que estar tanto en el Ministerio de Hacienda como en el de Medio Ambiente y en todos los sectores del poder Ejecutivo. Esa voluntad política es importante para que este cambio ocurra. Y después, bueno, las reformas propias de los procedimientos y procesos. Esas tres cosas tienen que darse. Una visión compartida, voluntad política y después una reingeniería de los procesos.

Si los permisos y el royalty de alguna manera son la certeza que requiere la industria minera para atraer inversiones, la discusión constitucional quizás lo es aún más. ¿Cómo están observando el actual proceso constitucional?

-Efectivamente, la industria minera tiene un horizonte de inversión muy de largo plazo. Los mismos proyectos que hemos conversado ahora son inversiones que nosotros esperamos nos tengan operando hasta el 2050. Por lo tanto, es clave tener reglas claras y que den certeza. Hemos tenido durante varios años la discusión del royalty y finalmente esa discusión se cerró, y aunque tuvo un impacto en competitividad, sin embargo hoy día entrega un marco tributario conocido y en ese sentido eliminó un factor de incertidumbre.

Respecto del proceso constitucional, este es el segundo intento de darnos una nueva Constitución y me parece fundamental el intentar buscar un entendimiento que permita tener un texto constitucional que represente a la amplia mayoría del país. Es importante que se traten de buscar los entendimientos con el objeto de poder darnos un texto constitucional que permita cerrar la discusión constitucional y crear las certezas que permitan el desarrollo y la inversión, que es lo que finalmente beneficia a la gran mayoría de los chilenos.

¿Pero les preocupa un nuevo rechazo, como lo están advirtiendo las encuestas?

-Eso demuestra que es necesario que se haga un esfuerzo para tratar de buscar esos entendimientos en los plazos que quedan, porque eso le va a dar un marco de certeza de nuevo a la industria, y a otras industrias también. Es importante poder tener un sistema que permita llegar a acuerdos para hacer algunos de los cambios y transformaciones que el país se ha planteado para su agenda social, en pensiones, salud, y que en el sistema actual están trabadas.

Industria

¿Lo que está pasando con Codelco no es sólo un problema de Codelco?

-Cada compañía tiene sus propios desafíos. La coyuntura de Codelco es bien particular y tiene obviamente que ver con sus propios yacimientos y sus desafíos en términos del programa de inversiones. Lo que sí es importante es que a todos nos interesa que a Codelco le vaya bien. La industria en Chile ha sido exitosa en su desarrollo porque ha convivido la industria del sector privado con la industria del sector estatal, como Codelco, con la pequeña y mediana minería. Por lo tanto, nosotros obviamente abogamos para que Codelco pueda ir resolviendo sus desafíos y pueda irle bien. Es importante para el país y para la industria también. Pero los desafíos de Codelco son, yo diría, particulares a cada uno de sus yacimientos. Hay algunas cosas que son comunes, pero en gran medida son, como digo, particulares a sus propias condiciones.

¿Hay un impacto en el ecosistema minero, si es que no le va bien a esta compañía?

-Indudablemente, lo que nosotros queremos es una industria que crezca, que se desarrolla, que permita atraer talento, que genere además los espacios de confianza que son necesarios. En ese sentido, cada una de las compañías que opera, esperamos que sea exitosa con respecto a sus propios desafíos. Lo digo en el sentido de que es importante para el país, porque Codelco es una fuente de recursos y de crecimiento para la industria importante.

El gobierno presentó hace un tiempo la estrategia nacional de fundición y refinería. ¿A Chile le viene bien fortalecer su capacidad en esta área?

-Yo pienso que no es una necesidad que Chile o su industria tenga. Ahora, hay particularidades. Si uno opera, como es el caso de Codelco, con concentrados que tienen ciertas características particulares, tiene sentido pensar en renovar la capacidad de fundición. Pero cuando uno piensa en la industria y particularmente en el sector privado, no veo la necesidad de tener que instalar mayor capacidad de fundición y refinación. Y tampoco creo que sea conveniente en el sentido de que hoy día la industria tiene sobrecapacidad a nivel global, y que continúa en expansión, particularmente en Asia.

Por otro lado, la fundición y las refinerías son procesos pirometalúrgicos que generan emisiones y que son intensivos en el uso de energía. Por lo tanto, tampoco para efectos de la transición energética, instalar unidades que son esencialmente consumidoras de energía, tiene para mí mayor justificación.

Esto es algo que puede ser de interés para aquellas empresas que tienen condiciones particulares de subconcentrado, que pueden implicar penalidades en el transporte o la comercialización. Y en ese sentido, tiene justificación. O sea, para el sector de Codelco y de Enami, la justificación ha estado principalmente orientada a eso. Y en ese caso yo lo entiendo. Pero nueva capacidad para procesar concentrados de toda la industria, no me parece que tenga realmente una justificación. Ni desde el punto de vista económico, ni tampoco desde el punto de vista medioambiental.

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