La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha tomado medidas para investigar y abordar posibles afectaciones a la calidad del agua en el río La Ligua. Esto se debe a la operación y reparación del tranque de relave del Grupo Minero Las Cenizas en la faena de Cabildo, ubicada en la provincia de Petorca. El director regional de Aguas, Camilo Mansilla, ha abierto un expediente de fiscalización y ha ordenado normas transitorias a la empresa minera en cuestión.
Normas transitorias para prevenir y resguardar
En respuesta a la situación en Cabildo, la DGA ha establecido normas para prevenir y resguardar tanto a la población como al consumo humano de agua. Estas normas también incluyen un protocolo de reportes en caso de precipitaciones y deslizamientos, así como una comunicación efectiva con las autoridades correspondientes y la comunidad afectada. Es fundamental implementar estas medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
Medidas dispuestas por la DGA
La DGA ha detallado las medidas necesarias para abordar la situación en Cabildo. En primer lugar, se habilitará un pretil de contención aguas abajo de las piscinas de contención para interrumpir completamente el flujo de relaves en pasta hacia las aguas abajo, es decir, hacia la quebrada Rincón del Chinchorro y el río La Ligua. Además, se implementará un sistema de bombeo y dispositivos de control de la altura de los relaves confinados en el pretil de contención.
También se establecerá un plan de inspección ocular de seguridad de las obras, que incluirá inspecciones frecuentes. Durante las medidas de operación transitoria, se llevará a cabo una inspección cada 5 días, pero en caso de precipitaciones, esta inspección se realizará cada 2 horas y, en caso de nuevos deslizamientos, será inmediata. Finalmente, se pondrá en marcha un protocolo de comunicación con las autoridades y la comunidad en caso de un colapso de la obra.
Sanciones por incumplimiento
Es importante destacar que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podrá ser sancionado con multas que van desde 1.000 a 2.000 UTM, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Código de Aguas. La DGA está comprometida con hacer cumplir estas normas para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de la comunidad.