Guacolda y su reconversión: “Desde el punto de vista medioambiental, estamos muy seguros de que no hay ningún problema”

El gerente general de la firma, la mayor termoeléctrica del país, Marco Arróspide, defiende la iniciativa con la que buscan mantener su operación, combinando carbón con amoníaco verde. Afirma que el desarrollo tecnológico, aún en prueba en Japón y Corea, “es lo que menos nos preocupa”, admitiendo que los mayores desafíos están en la tramitación ambiental.

Marco Arróspide ha sido gerente general de Guacolda ya en dos ocasiones. Primero, entre 2011 y 2014, y ahora lleva tres años y medio en el cargo. Volvió luego de una serie de cambios en la propiedad de la eléctrica, que concluyeron en julio de 2021 con la toma de control de las compañías de seguros Consorcio, Confuturo, Bice Vida y Security, que están detrás del fondo El Águila Energy II SpA, administrado por Capital Advisors.

“Hoy día también hay una parte en la que ejecutó una opción que tenía Capital Advisors, que además de administrador, tiene un porcentaje de la propiedad”, explica Arróspide sobre los dueños de la compañía.

Tras renegociar su deuda en 2023, este año avanzan en el proyecto para dar continuidad a la operación de las cinco unidades de la generadora ubicada en Huasco, con una capacidad instalada de 764 MW: la reconversión desde el uso exclusivo de carbón, a un mix con amoníaco verde. Un proyecto que Arróspide destaca por la importancia de Guacolda para el Sistema Eléctrico Nacional. De hecho, dice que si antes representaban cerca del 10% del suministro eléctrico nacional, “hoy día nuestro número ya bajó de 6%”, tras la irrupción de las energías renovables.

Tienen un plazo máximo para dejar el carbón, que es 2040, pero Fitch en 2021 dijo que no había claridad en su modelo de negocios, ¿ya está despejado eso?

-El modelo de negocios en el que nosotros estamos trabajando todo este tiempo ha sido superconsistente. En el primer periodo estábamos reestructurando deuda. Era un gran desafío que teníamos como compañía. Desde el punto de vista comercial, seguimos trabajando con una estructura de contratos importantes con la minería, que van a ir venciendo en el tiempo, y tenemos que procurar renovarlos, con un componente fuerte de la comercialización en el mercado spot. Todo esto amarrado al compromiso que asumimos y respetamos, de un retiro voluntario de las unidades a 2040, en la medida que el sistema lo permita. Hago énfasis siempre en eso, porque hemos visto la aplicación práctica: cuando el sistema no lo permite, como le pasó a un par unidades de Engie que querían salir y les dijeron que no, esas cosas pasan, y puede que pase también con nuestras unidades.

¿Cómo conversa eso con los planes de reconversión?

-Empezamos a hacernos cargo del desafío de la transición energética, buscando otra solución que no era, necesariamente, la salida de la unidad. Primero porque tenemos conciencia del aporte importante que hace Guacolda al suministro eléctrico, un aporte importante desde el punto de vista técnico y de seguridad de suministro al sistema. Otra cosa relevante para nosotros es mantener las fuentes laborales. Tenemos una planilla de trabajadores de 200 trabajadores internos, 700 trabajadores de contratistas directos que trabajan en la operación, sumando servicios, compras y actividades de relacionamiento comunitario, llega a más de 4.000 personas. En una ciudad de 11.000 personas, es casi un 40%. En eso aparece entonces esta idea de hacer la reconversión, que no es un invento nuestro, es una cosa que lo están haciendo otros países, como Japón y Corea, de manera muy decidida, como parte de sus políticas públicas. Y nosotros tenemos la suerte de que nuestras máquinas son japonesas y hemos tenido entonces también la claridad de poder trabajar con ellos para ir desarrollando esta tecnología.

¿Ya está definida esta reconversión a un mix entre carbón y amoníaco verde?

-Sí, es importante señalar que esto es un proyecto; hay cosas que nosotros no manejamos, y otras que sí, y la factibilidad del proyecto va a depender de que todas las cosas se den positivamente. Tenemos un contrato con Mitsubishi que ya llevamos más de un año trabajando, con prefactibilidad lista. Ellos, por su parte, están avanzando en el desarrollo de la tecnología, y en algún minuto se va a liberar la comercialización de estos quemadores. Cuando los japoneses tengan el producto ya patentado, nosotros estamos ahí anotados con los primeros quemadores.

¿Hay certeza de que van a llegar en tiempo y forma?

-Sí, esa es la parte que menos nos preocupa, porque los japoneses son bastante serios y están decididos. Tenemos otras cosas que igual dependen de nosotros, pero necesitan de voluntad política, y también de las comunidades, de aceptación. Me refiero a la evaluación de impacto ambiental. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en una participación temprana. Hemos hecho ya más de 20 reuniones con las distintas juntas de vecinos, con la comunidad en general, para mostrarles el proyecto y en general hemos tenido superbuena aceptación por todos los beneficios que trae. La gente valora mucho el tema del empleo…

No ha sido tan buena la recepción del mundo de las ONG.

-Claro. Bueno, hay dos o tres ONG que tenemos identificadas, que son bien activas, y claro, generalmente nosotros nos encontramos con ellas. Las hemos invitado, a veces van, otras veces no. Pero desde el punto de vista medioambiental, nosotros estamos muy seguros y muy convencidos de que no hay ningún problema.

O sea, medioambientalmente es seguro, ¿no hay un riesgo?

-No, no, para nada. El cofiring viene a mejorar el proyecto, porque tiene el beneficio de bajar las emisiones de material particulado, de CO2, y también del SO2, que son los contaminantes del cambio climático. Otra cosa que permite esta tecnología es mantener prácticamente la misma infraestructura. No necesitamos hacer cambios ni en las turbinas, ni en el generador, pero sí en la caldera. Eso no es algo que sea invasivo desde el punto de vista territorial, como lo era cambiar a otras tecnologías.

¿Por eso no se decantaron por el gas?

-El gas también es una opción. El problema es que no hay disponibilidad de gas cerca de Huasco. La solución habría sido utilizar terminales flotantes, barcos que hacen almacenamiento y regasificación. Eso existe, pero al hacer la evaluación económica, vimos que era bastante menos eficiente. El arriendo de cada uno de estos barcos para una central como Guacolda significaba varias centenas de miles de dólares diarios de costo fijo. Es una cosa bastante onerosa, y hay varias experiencias de proyectos que han sido rechazados, como pasó con Campesino.

Otra cosa importante para el éxito de este proyecto tiene que ver con el acceso al combustible. Eso claramente no depende de nosotros, porque tiene que desarrollarse. Esa es la parte positiva de este proyecto: de alguna manera viabiliza el desarrollo de la industria de hidrógeno verde. Sentimos que está en línea con las aspiraciones que Chile tiene como Estado. Eso también es un driver importante.

En el Plan de Descarbonización, que está en plena etapa de consulta, el gobierno dice que va a promover el rol del gas natural para el corto plazo y el uso del amoníaco verde en el mediano y largo plazo para la reconversión, ¿cómo toman eso?

-Ha sido una cosa muy positiva. Nosotros nos sentimos muy respaldados, estamos muy contentos con el trabajo colaborativo que hemos hecho con el gobierno, a través del Ministerio de Energía, con las comunidades, con todo este input que hemos recibido también de las comunidades a efectos de lograr, ojalá, una evaluación lo más temprana posible del proyecto.

Alertaron por vicios en el proceso de actualización del decreto 13 que norma las emisiones. ¿Esperan que haya una adecuación o definitivamente que la norma quede tal cual está?

-Hay cosas que en la norma efectivamente son rescatables, como la regularización de algunos contaminantes que no estaban normados, el vanadio, el níquel y el mercurio. Creo que lo más criticable es la falta de motivación, insistir en exigir límites para el NOx (…) que es mucho más restrictiva. La insistencia no la entendemos, salvo en la lógica que se considere como un instrumento para obligar a salir de centrales a carbón de manera forzada al año 2032. En el caso de Guacolda, si nos reconvertimos, no tendríamos ese problema, pero aquí también hay que pensar que hay otras empresas que han decidido tal vez no reconvertirse y sí mantener su compromiso de estar hasta el año 2040, y esta norma lo obligaría a hacer inversiones. Como esas inversiones no se van a realizar, esas máquinas tendrían que salir. Y eso claramente afectaría el plan de descarbonización del gobierno. La palabra final la va a tener el Comité de Ministros.

La sobretasa a las emisiones de CO2, una de las medidas para financiar el subsidio eléctrico, ¿cuánto afecta?

-Este proyecto tiene muchos flancos. Lo que buscaba originalmente puede ser algo muy positivo, de asumir que aquí con las tarifas iba a haber un problema, me parece superlógico y razonable. Ahora, la forma en que se ha hecho y las herramientas que se están utilizando, claramente son totalmente incorrectas. El gobierno tiene que detectar el problema y ayudar con fondos públicos. No puede pretender este concepto de autocontención, que en el fondo significa sacarle plata a cierta industria para resolver los problemas.

Nos llama mucho la atención esto y también vemos un poco de improvisación. Recordemos que los PMGD no estaban incluidos, era otro cargo adicional para los clientes libres. Los clientes libres se enojaron y el gobierno metió a los PMGD y ahora (…) que sobra plata, el gobierno sigue insistiendo conque lo va a usar en paneles fotovoltaicos. Eso claramentees una muestra de cómo se está improvisando.

El impuesto verde, de subsistir y aprobarse el proyecto con ese pilar, atenta directamente respecto al trabajo que está haciendo Guacolda, porque implica un aumento significativo. En términos prácticos, hoy día pagamos en impuesto verde del orden de un 30% de nuestra capacidad de generación de flujos. Con los cinco dólares se llevan el 30%. Y esto ha subido porque además se eliminó la compensación, y por lo tanto este 30% pasó a ser 35%. Si ahora se pretende subir al doble, estamos hablando de entre un 60% y un 70%, o sea, ninguna empresa resiste, por más que se diga que esto es transitorio.

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