Gobierno y Codelco enfrentan cuestionamientos transversales de senadores al acuerdo con SQM por el salar de Atacama

A ratos acalorada, llena de cuestionamientos y escasa en felicitaciones. Así podría resumirse la sesión especial convocada por el Senado para debatir los alcances del acuerdo anunciado a fines de diciembre entre Codelco y SQM, tras pactar la explotación conjunta del salar de Atacama a partir de 2025. Un acuerdo marco que las partes seguirán negociando en detalle durante el primer trimestre de este año, pero que despierta importantes dudas y críticas transversales por parte de los legisladores.

A la ocasión estaban invitados representantes del gobierno, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra de Minería, Aurora Williams, además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien fue protagonista de las negociaciones con SQM.

Pese al interés que despertaba la instancia, el esquema escogido por los senadores conspiró en contra de una exposición honda y detallada de cada uno de los invitados. Por ejemplo, Benavente no alcanzó a dirigirse a la Sala, mientras que la titular de Minería dio inicio a la sesión con una breve intervención, que se extendió durante menos de 4 minutos. En tanto, el exministro de Energía tenía preparada una intervención de 11 páginas, de la cual finalmente dejó una copia en poder de la mesa de la Cámara Alta, pero que estuvo lejos de alcanzar a completar su lectura. Por su parte, el jefe de las finanzas públicas tuvo poco más de 13 minutos para responder a las preguntas formuladas por los 23 senadores, durante las dos horas que duró la sesión especial.

Los cuestionamientos de los senadores versaron sobre tres áreas, principalmente: la razón de negociar con SQM una extensión del contrato, y no realizar una licitación internacional abierta; el destino de los nuevos ingresos que comenzará a recibir Codelco, especialmente considerando la delicada situación financiera que enfrenta la minera estatal, cuya deuda financiera bruta llegó a US$20.400 millones al cierre de 2023; y la conveniencia de extender el contrato por tres décadas más a la minera privada, ligada al empresario Julio Ponce Lerou, accionista del grupo Pampa, que posee el 26% de la propiedad accionaria de SQM.

Entre las diversas intervenciones, hubo cuestionamientos provenientes de todo el arco político.

“Este negocio del siglo fue entregado sin competencia (…) es lo más típico un Estado socialista, no hace negocios para el beneficio de los chilenos, sino para los ganadores. Todavía hay tiempo para echar atrás esto”, dijo el ex Republicanos, Rojo Edwards.

“No puedo todavía entender por qué en este caso se abandonó la licitación (…) puede haber buenas explicaciones en materia de eficiencia, pero me preocupa conceptualmente por la señal que se da en un país en que esto se ha institucionalizado”, planteó el UDI Juan Antonio Coloma.

“Suena bien todas las proyecciones, hablar de la alianza público privada, pero no a cualquier costo ni con cualquier socio”, sostuvo el FRVS Esteban Velásquez.

La senadora UDI Luz Ebensperger cuestionó “el bajo costo que pagará SQM comparado con lo que han ofrecido por otros salares en el mundo otras empresas, como lo ha hecho Albemarle en Australia por un salar de mucho menor calidad” y agregó a ello la extensión del contrato a SQM “sin pagar los miles de millones de dólares que valdría adjudicarse el salar por parte de otra empresa”.

Alejandra Sepúlveda calificó el acuerdo como “mediocre” y recordó que los contratos actuales plantean la posibilidad de licitar al nuevo explotador. “Nadie puede explicarse por qué no tenemos una licitación pública (…) y no nos vengan a insultar la inteligencia y decir que queda poco tiempo”, señaló.

“Quedan muchas dudas, por qué 30 años cuando se dice que la ventana del litio son 20 años. Creo que sería mejor tener mayor precisión”, planteó el senador PPD Jaime Quintana.

“Me siento muy desilusionado por este contrato porque quienes venían a renovar la política, le están renovando el contrato a Ponce Lerou, el yernísimo de Pinochet”, lanzó el senador PS Fidel Espinoza.

Pacheco, en una interrumpida exposición, alcanzó a plantear una defensa del acuerdo.

“La tarea que le encomendamos al equipo que trabajó en este proyecto era una tarea que consistía en que pudiera conciliar de un modo pragmático la siguiente ecuación: (…) consideraba asegurar la continuidad operacional para no afectar los sustantivos beneficios que emanan de ella para las comunidades, Corfo y el Estado de Chile; asegurar el expertise operacional y comercial; tener en cuenta los tiempos considerables que toma la preparación y obtención de permisos ambientales para la entrada de nuevos actores; considerar las complejidades y tiempos que demanda desarrollar un proyecto a gran escala –este un proyecto de aproximadamente 10 veces el tamaño de los actuales proyectos que se están desarrollando en el mundo a partir de salmueras-; y, lo más importante, maximizar el valor para Codelco y nuestro accionista. Eso es lo que hicimos, en eso trabajamos todo este tiempo, y la verdad es que, para nosotros, el hecho de que hayamos conseguido traer este memorándum es una gran noticia, porque hicimos en un buen tiempo el trabajo que se nos encomendó”, dijo.

Todo, afirmó, se logró sin que la administración encabezada por el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, se distrajera de los desafíos actuales que enfrenta Codelco. “No se desviaron ni un segundo del foco que ha definido el directorio: recuperar la caída de producción, agilizar la ejecución de los proyectos estructurales de cobre, y aumentar la productividad de nuestras operaciones”, sentenció.

Marcel, por su parte, dijo que “lo que tenemos acá es un acuerdo que es el camino más corto para aumentar la producción en Chile”, señaló hacia el final de la sesión.

Frente al hecho de no haber realizado una licitación, Marcel reconoció que se trataba de una duda “válida” de los senadores, pero agregó que “una negociación es un mecanismo también válido y transparente”, remarcando que dicha alternativa permite evitar una merma productiva que podría extenderse por “varios años”.

“Pensemos que, en la actualidad, con el proceso de evaporación se requieren 18 meses para producir litio. Por lo tanto, uno podría tener la seguridad de que por lo menos 18 meses antes del término del contrato se dejaría de producir, a lo cual tendríamos que sumar todo el período intermedio en el cual una nueva empresa tendría que efectuar las inversiones para empezar a producir. Estamos hablando de años de vacancia en los ingresos provenientes del litio”, apuntó el ministro de Hacienda.

“El costo de oportunidad de dejar de producir durante años en el salar con mayor productividad en el mundo es un costo altísimo, y eso es lo que justifica el que haya una negociación”, remarcó.

El ministro de Hacienda además enfatizó que la participación en las rentas del litio será “evidente mayor” con el acuerdo que sin él, “desde el momento que hay una participación en la propiedad, además de las otras fuentes de ingresos al Fisco que son los impuesto y el royalty”.

Sin embargo, sobre el destino de los recursos, si bien dijo que la recaudación vía impuestos y royalty “seguirán el mismo cauce que tienen hoy día”, agregó que los mayores ingresos que obtendrá Codelco “serán distribuidos al propietario, que es el Estado de Chile”. Allí, recordó que “a lo largo los años, normalmente el Estado ha extraído gran parte de las utilidades de Codelco, y eso explica en parte la situación de endeudamiento que tiene la compañía hoy día”. Añadió que actualmente el gobierno dictaminó la retención del 30% de las utilidades durante su período, por lo que “en su momento también lo definirá de los ingresos del lito, pero que no quepa duda que el grueso o la totalidad de esos ingresos van a entrar al Fisco y van a permitir financiar las necesidades de políticas públicas”.

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