La estrategia del litio ya cuenta con un documento formal, de 33 páginas, que fue publicado esta semana. Los privados que se adjudiquen las licitaciones tendrán la opción preferente de explotación futura, en asociación con una empresa del Estado. La estrategia detalla que el objetivo del Estado en el Salar de Atacama es subir la producción y, en el Salar de Maricunga, encomendó a Codelco buscar una solución que habilite el desarrollo de proyectos.
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A casi dos meses del anuncio de la estrategia nacional del litio, enunciada por el Presidente Gabriel Boric el 20 de abril en cadena nacional, el gobierno publicó un documento de 33 páginas que detalla los objetivos de la política y calendariza sus hitos principales. El texto, colgado en la página gob.cl, ratifica la pretensión gubernamental de entrar al Salar de Atacama, “la mayor reserva de litio a nivel nacional, sobre el 90% del total”, dice, y entrega las primeras luces de la participación del sector privado en el desarrollo futuro de esta industria.
En la definición de la estrategia, el Presidente Boric afirmó que se establecería una red de protección “cumpliendo el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030″. El documento detalla que hoy “solo un 7,5% se encuentra bajo alguna figura de protección oficial”. El texto recuerda que un estudio de Sernageomin ha identificado 63 ambientes salinos, 45 de ellos salares y 18 lagunas salinas y que ese mismo organismo identificó a 18 salares como de “interés para una evaluación específica respecto a su potencial geológico para albergar proyectos de litio”.
El documento establece como uno de sus objetivos el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial del litio, pero también promueve asociaciones público-privadas. “El modo de asociación público-privada y el mecanismo de selección de socios privados pueden ser diversos dependiendo de las características de cada salar, la actividad (exploración versus explotación) y la presencia de incumbentes”, describe el documento.
Pero por primera vez establece una fecha concreta para ello. La intención del gobierno es licitar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) de exploración a privados “a partir del primer semestre de 2024, en aquellos salares catastrados por Sernageomin y que sean considerados susceptibles de explotación”. Y detalla lo siguiente: “La entrega pronta de CEOL de exploración obedece a la necesidad de avanzar de manera ágil con el catastro de recursos disponibles, para luego entrar en operaciones productivas. En caso de que los resultados de exploración muestren potencial, el privado tendrá la opción preferente de explotación futura en asociación con una empresa del Estado (Empresa Nacional del Litio, filiales de Codelco o Enami)”, agrega el documento, y recuerda algo que ya se había adelantado, en el sentido que aquellos salares que sean definidos como estratégicos “el Estado tendrá control de dicha asociación”.
En otro apartado del documento, se explica que el proceso de licitación para seleccionar a las empresa que realizarán la exploración en los salares “será pública, competitiva y transparente”, algo ya enunciado, pero agrega que “las ofertas técnicas deberán incluir, entre otras cosas: informes e instrumentos para mantener al Estado actualizado de la información recopilada, una propuesta de plan de generación de valor local y encadenamientos productivos, así como la estimación de impactos ambientales asociadas a cada proyecto”.
También se especifica que “a partir de 2023 se otorgarán CEOL de exploración y explotación a filiales de empresas del Estado –Codelco y Enami– en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo”, y que dichas compañía “podrán decidir si asociarse o no con un privado”.
El gobierno estima que los nuevos proyectos “demorarán en promedio entre 6-8 años en comenzar la producción”.
El documento menciona también el segundo salar en importancia actualmente: Maricunga. El texto lo incluye dentro del grupo de salares donde “no hay pertenencias sobre litio, por lo que cualquier proyecto de exploración o explotación con participación privada requiere de un CEOL”. Aquella afirmación podría causar controversia, ya que otras empresas como Minera Salar Blanco, Simbalik y Cominor, cuentan con pertenencias previas a 1979, lo que las habilitaría para explotar el litio. Además, Codelco tiene un CEOL sobre Maricunga, pero en 2022 ingresó un requerimiento para extender su titularidad sobre todo el salar, algo que el gobierno aún no resuelve.
Sin embargo, el texto sigue entregando a Codelco la preminencia sobre el salar. “En el Salar de Maricunga, donde actualmente existen diversas empresas interesadas en la explotación de litio, el Estado ha encargado a Codelco buscar una solución que habilite el desarrollo de proyectos”, señala.
Codelco tiene pertenencias sobre otro salar, Pedernales. El documento lo menciona, junto al de Atacama, como los dos únicos donde las pertenencias existentes son previas a 1979, año en que el litio fue declarado como mineral no concesible. En ese sentido, la estrategia define que “una filial de Codelco podría desarrollar un proyecto por sí solo o bien conformar una asociación público-privada con la cual comenzar la exploración y explotación del salar”.
En tanto para los Aguilar, Infieles, La Isla, Las Parinas y Grande, incluidos entre los depósitos sin pertenencias de litio, el documento detalla que “Enami ha solicitado al Ministerio de Minería un CEOL para constituir el Proyecto 5 Salares”.
El documento también precisa otros plazos. Por ejemplo, detalla que la creación del Comité Estratégico de Litio y Salares “será formalizado en mayo”, cosa que ya ocurrió. Respecto de la participación del Estado en el Salar de Atacama, define como responsables a Corfo y Codelco, dando cuenta del inicio de las negociaciones de SQM. En ese yacimiento, el documento precisa uno de los objetivos de la negociación: “generar las condiciones que permitan elevar la producción en el Salar de Atacama”.
También se suma el inicio de un proceso de diálogos y participación con los diversos actores, a iniciarse “durante el año 2023″, donde se agregan a entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al de Medio Ambiente y a Corfo. Sobre la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares, señala que se estima su puesta en marcha en el primer semestre de 2024.
Finalmente, sobre la creación de la Empresa Nacional del Litio, recuerda que el envío del proyecto de ley “ocurrirá a fines del año 2023, recibiendo las contribuciones del proceso de diálogos”. También menciona el perfeccionamiento del Marco Institucional y Normativo para el adecuado Desarrollo de la Industria del Litio, hito que buscará “modificar y adecuar los cuerpos normativos que regulan la industria y sus instituciones (entre ellos, Cchen, DGA, Sernageomin, Ministerio de Minería, Institucionalidad ambiental), a presentarse dentro del primer semestre del año 2024″.
Fuente: La Tercera
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