Firmas valoran licitación simplificada para dueños de concesiones mineras de litio, pero expertos aún temen por judicialización

El fantasma de las judicializaciones sigue amenazando el éxito de la Estrategia Nacional del Litio, pese a los buenos augurios con que el Ejecutivo presentó este jueves los avances en la materia. Y es que aún cuando algunas empresas ven con buenos ojos la alternativa de que los dueños de las concesiones mineras cuenten con un proceso simplificado para conseguir los ansiados Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), lo cierto es que la definición gubernamental de entregar un solo contrato por depósito podría complicar a las asignaciones donde existen más de un titular con pertenencias.

Al menos así se desprende al analizar las reacciones de las firmas dueñas de concesiones en los seis yacimientos de litio priorizados, y de diversos analistas de la industria minera.

Una de las firmas más optimistas en su reacción fue CleanTech Lithium. La empresa cuenta con 21.700 hectáreas de propiedad minera en Laguna Verde, su proyecto más avanzado en Chile, ubicado en la Región de Atacama, a 50 km del límite con Argentina.

“Nos complace que el gobierno chileno haya proporcionado una actualización sobre el proceso de CEOL para apoyar el desarrollo de la industria del litio en Chile. Es muy positivo ver que Laguna Verde ha sido priorizada como uno de los salares que cuenta con las condiciones más favorables para desarrollar la producción de litio”, dijo Steve Kesler, presidente ejecutivo y CEO interino de la firma basada en Londres.

Agregó que “los criterios establecidos por el gobierno reconocen el estado de avance de la compañía en el proyecto Laguna Verde y establecen un camino claro para la adjudicación de un CEOL y el desarrollo del proyecto con miras a su producción en 2027″.

Henk van Alphen, CEO de Wealth Minerals, también mostró satisfacción por el anuncio. “Estamos muy contentos de ver que Ollagüe es una de los seis salares que han sido seleccionados por el gobierno de Chile en esta primera ola de CEOLs, lo que confirma la calidad y potencial de nuestro activo”, dijo en una declaración.

La firma, basada en Canadá, cuenta con 10.500 hectáreas de concesiones en el salar de Ollagüe, ubicado en el límite entre Bolivia y Chile, donde desarrolla el proyecto Kuska. “Continuaremos trabajando en la obtención del CEOL y todos los demás permisos lo antes posible para hacer de nuestro proyecto Kuska en Ollagüe la próxima operación de litio en iniciar producción en Chile”, agregó.

En tanto, el CEO de Wealth Minerals Chile, Francisco Lepeley, calificó el anuncio como “un paso importante en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y está bien orientado para aumentar la producción de litio en Chile, donde tenemos las condiciones más competitivas del mundo”, y mostró su confianza en que el proyecto “está muy bien posicionado para obtener un CEOL, dado todo el trabajo realizado en el lugar durante los últimos años”.

Otras empresas con interés en los depósitos son la francesa Eramet, en los salares de Agua Amarga y Piedra Parada, además de First Lithium Minerals en el salar de Ascotán. Sin embargo, no estuvieron disponibles para comentar sus impresiones sobre los anuncios del Ejecutivo. Conocedores de las posiciones de estas firmas matizan los anuncios en dichos casos, ya que habría otros dueños de concesiones con los cuales se podrían generar roces legales.

Desde el mundo de las consultoras mineras hubo más matices tras las definiciones.

Andrés González, encargado de análisis de la Industria Minera de Plusmining calificó como “algo sorpresivo que, a seis meses de lanzada la lista de 26 salares disponibles para inversión privada, ahora se anuncien nuevos pasos, como la priorización de seis salares. Esto inevitablemente transmite una falta de certezas sobre el camino a seguir, toda vez que se anuncian nuevas etapas sobre la marcha”.

Pese a lo anterior, en su análisis, el procedimiento simplificado “es una condición exigente, pero podría ayudar a expeditar el desarrollo de proyectos, en tanto alinea la propiedad minera con el proyecto en cuestión”. Con todo, prevé que “considerando que en adelante viene el proceso de consulta indígena y que solo a comienzos de 2025 el ministerio de Minería evaluará las solicitudes de los privados, la asignación definitiva de un CEOL será un viaje de larga distancia, con un riesgo significativo de no llegar a puerto”.

Una visión similar presenta Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting. El consultor estima que el procedimiento simplificado “debió haber existido desde el inicio del proceso, para de esa forma generar más transparencia”, por lo que “genera a lo menos controversia respecto a la equidad con la que los distintos proponentes estarían jugando en este juego”

Sin embargo, ve como “natural” que los dueños de las concesiones mineras tengan “una ventaja”. En esa línea, señala que es “natural privilegiar o darle más puntos a los dueños de la concesión minera”.

Guzmán señala, eso sí, que “la principal amenaza a este proceso es que se judicialice, luego que efectivamente alguno de los proponentes vea que el ministerio ha definido formas de asignar que no necesariamente los favorecen”.

Así, remarca que las asignaciones a empresas con pertenencias “podría generar judicializaciones, ingresos de demandas ante Contraloría respecto a la validez del proceso, y obviamente todo eso podría no solamente dilatar el proceso, sino que en última instancia hacer que el proceso se caiga”.

A su turno, el profesor de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, calificó como “inteligente” establecer un procedimiento simplificado para quienes tienen pertenencias mineras, ya que “evita litigaciones y demandas ante la justicia”.

Por otra parte, ve que el diseño permite al Ministerio de Minería “iniciar la consulta indígena previa inmediatamente y no esperar hasta que se cumplan las condiciones”. Pero, aún identifica dos riesgos “fundamentales”. El primero “no sabemos cuánto se va a demorar esa consulta previa”, y el segundo “es que las empresas de los seis salares no presenten los antecedentes a tiempo”, para lo cual las firmas cuentan con plazo hasta el 31 de diciembre. “En cuyo caso el procedimiento que va a usar el ministerio es un procedimiento tiene mucho más riesgos que el primero, porque va a licitar sin exigencia de que los postulantes tengan pertenencias, y yo no sé cómo va resultar eso”, indicó.

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