El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda contra la minera Quiborax S.A. por daño ambiental al Salar de Surire, en la región de Arica y Parinacota. El CDE argumenta que las faenas extractivas de la minera generaron un impacto negativo continuo, acumulativo, permanente e irreparable en el salar.
Origen de la demanda
Según información del Diario Financiero, Quiborax manifestó su interés en extraer litio en el Salar de Surire y en el de Ascotán, donde actualmente opera. Además, el CDE se basa en un reportaje de Ciper que reveló que la Superintendencia de Medio Ambiente había denunciado a la empresa por incumplimientos ambientales en el Salar de Surire.
Argumentos de la demanda
La demanda, presentada en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, sostiene que las actividades mineras de Quiborax desde 1997 han causado destrucción y alteración de componentes esenciales del salar, pérdida de servicios ecosistémicos, pérdida de hábitat y afectación a la biodiversidad. Además, se menciona que la empresa no ha mitigado ni reparado los impactos ambientales significativos generados.
«La acción de las faenas mineras se ha traducido en un menoscabo y/o deterioro grave y significativo de la estratigrafía, de la escorrentía superficial del salar y del patrón de inundación normal del mismo, con la consecuente afectación de su régimen hídrico normal», afirma el CDE.
La demanda destaca que el Salar de Surire es un sitio Ramsar y parte de la Reserva de la Biósfera Lauca, por lo que los componentes ambientales afectados son propios del país y representativos de su biodiversidad.
Impactos ambientales
Entre los efectos señalados por el CDE se encuentra la pérdida de hábitat para tres especies de flamencos: el flamenco chileno, el flamenco de James y el flamenco andino. Además, se menciona la alteración de la base de la cadena trófica, compuesta por organismos extremófilos, bacterias, plancton y microalgas.
«La destrucción de dinámicas ecosistémicas ha generado la alteración de la superficie del salar y su sistema de escorrentía superficial, modificando y restringiendo los hábitats de la avifauna», señala el CDE.
Objetivo de la demanda
El CDE busca que la empresa se haga responsable de mitigar, reparar y compensar los impactos ambientales ocasionados por su faena minera. Además, se busca proteger áreas protegidas icónicas y garantizar la permanencia y regeneración de componentes ambientales únicos del salar.
«La demanda busca defender el estándar de sustentabilidad para toda actividad económica, de modo que el desarrollo no pueda dejar de lado una gestión adecuada o un desarrollo ambientalmente sustentable», indica el abogado procurador fiscal de Antofagasta, Alfredo Larreta.
La abogada jefa de la unidad de medio ambiente del CDE, Natalia Alfieri, destaca la colaboración de otros servicios públicos en esta acción judicial, como la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Sernageomin, el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio del Medio Ambiente.