Si un negocio tan meritocrático como la minería tuviera reyes, Diego Hernández Cabrera -expresidente de BHP Base Metal, exCEO de Codelco y Antofagasta y exlíder del Consejo Minero y Sonami- sería uno de esos monarcas. Convertido en directivo de grupos internacionales, da su mirada de los temas más candentes del sector.
“Codelco estatal brinda un equilibrio, una competencia relativamente sana entro lo público y lo privado. Pero hay que exigirle a Codelco resultados como de empresa privada y los ha tenido históricamente durante muchos, muchos años”.
– Imperdible pregunta: Codelco. ¿Cuál es la salida?
– La deuda de Codelco no es una deuda generada por la empresa ni responsabilidad de ella; sino que es del Estado de Chile, que al ir sacando las utilidades la obligó a endeudarse más allá de los límites razonables, para hacer los proyectos estructurales, que son necesarios. Desde la creación de Codelco hasta ahora, el Estado independiente del Gobierno de turno, le ha sacado toda la plata a Codelco. Alguna vez hice el cálculo y en la distribución de las utilidades, el 95% va al Fisco y 5% era lo que quedaba en Codelco: no hay ninguna empresa que pueda resistir eso en el largo plazo. Y la razón por la que se demoró tanto en llegar a esta situación crítica es porque los yacimientos de Codelco eran muy generosos y muy buenos.
– ¿Qué hacer con esa deuda?
– Es una deuda país. El Estado, en vez de financiarse pidiendo préstamos y aumentando la deuda soberana, lo que hizo fue aumentar la deuda de Codelco. Pero en términos prácticos,es deuda del Estado de Chile y eso el Estado debería transparentarlo.
– ¿Y el ingreso de socios privados?
– No sé si eso sería la solución; es volver a las discusiones de los años ‘70, de privatizar. Es aplicar la misma medicina que se aplicó antes y ya está obsoleta. Es importante mantener Codelco como una empresa chilena, con sede en Chile, sin jibarizarla ni vender los yacimientos, no creo que eso sea positivo para el país.
– ¿Le hace bien al ecosistema minero que Codelco sea estatal?
– Yo creo que sí. Evita que posiciones más extremas se impongan. Brinda un equilibrio, una competencia relativamente sana entre lo público y lo privado. Pero hay que exigirle a Codelco resultados como de empresa privada y los ha tenido históricamente durante muchos, muchos años. Pero lo que ha fallado en Codelco es el dueño, el Estado.
– ¿Qué propone para Codelco?
– Sincerar el tema de la deuda, que el Estado se haga cargo. Y de alguna manera mejorar la performance de Codelco, pensando tal vez en cambios organizacionales. No necesariamente el gigantismo ayuda. Se podría pensar en darle más autonomía a las divisiones y más fortalezas a éstas. La empresa tiene que hacer un turnaround, revisar la manera cómo está estructurada. Codelco tiene la misma organización desde el principio, claro con algunos cambios, pero cambios menores.
– Estaba finalizando su período en Sonami cuando asumió el Gobierno de Boric. ¿Es más pragmático ahora el Gobierno?
– Se ven señales de pragmatismo o anuncios de pragmatismo, pero al final los temas ideológicos han prevalecido. Esperemos que eso vaya cambiando. La prueba de fuego ahora es la revisión de las leyes ambientales, que aborde los escollos burocráticos innecesarios.
– Hace poco alertó que se requieren más de 400 permisos…
– Para poder invertir necesitas esos permisos y eso es engorroso, largo y complicado; hace que los proyectos se demoren ocho,10 a 15 años para sortear estas barreras. Pero, además, una vez con los permisos, no todos los momentos son los adecuados para iniciar las inversiones, por la coyuntura económica mundial y la disponibilidad de financiamiento. Por ejemplo, hoy la coyuntura es compleja y las empresas están tímidas para invertir en proyectos nuevos de cobre, a pesar de que la expectativa de largo plazo es positiva, pero en corto plazo no lo es, ya que los costos han aumentado y los precios del cobre están en niveles pre-Covid.
– ¿Cómo estamos en regulación con respecto a los países mineros?
– Australia y Canadá nos llevan ventaja, son más ágiles. En EEUU depende mucho del estado. En esos países son más objetivos… si cumples las exigencias, sabes que vas a obtener los permisos. Y en Chile, si cumples, hay una dosis de arbitrariedad al final del proceso y puede que no obtengas los permisos. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió con Minera Aclara y los seis árboles que no encontró (y tuvo que cesar la tramitación ambiental). Eso no debió haber ocurrido. Y el peor ejemplo es el cierre de Mina Invierno, en Magallanes: fue absolutamente arbitraria.
– ¿Qué efecto ha tenido?
– El país se dio cuenta de que estos permisos son exagerados, que se transforman en una barrera para la inversión innecesaria, en el sentido que igual se puede proteger el medio ambiente. A eso se suma la discusión del royalty, la inseguridad jurídica por todo lo que ha pasado en Chile en los últimos cuatro años de discusión constitucional, lo que se ha reflejado en menor inversión, pérdida de competitividad y un declive en la producción.
– ¿Pero somos o no competitivos?
– Sí, pero con mayores costos. El costo de operación ya está a principio del tercer cuartil, o sea, del promedio un poquito más arriba. No hay posibilidades de mejorar mucho eso porque en calidad los yacimientos son promedios, no son extraordinarios, no tenemos leyes muy altas que permitan un retorno rápido. Las ventajas competitivas de Chile son de otro tipo: somos un país minero, tienes empresas de servicios, personal, ingenieros, trabajadores capacitados en minería.
– ¿Cómo viene la producción?
– Viene Quebrada Blanca 2 y luego Centinela, que ayudan. Pero aún así en los próximos cuatro años no va a haber un repunte acentuado de la producción.
Oportunidad perdida
-¿Qué opina de la estrategia seguida en el litio?
– Ahí estamos perdiendo una oportunidad como país, porque en el fondo, están trabadas las inversiones y no tenemos ningún proyecto nuevo listo. Entonces, en un mercado que está creciendo, en que hay otros países que están aprovechando la coyuntura, nosotros por temas burocráticos e ideológicos tenemos todo eso parado. Lo que falta acá en el país para poder destrabar todo esto es una actitud más pragmática.
Por ejemplo, el Estado es dueño del Salar de Atacama, nadie está pidiendo que lo privatice, pero podría hacer concesible el litio de los otros salares, que no representan más de 20% o 30%: destabras inversión, hay desarrollo tecnológico, hay una serie de consecuencias buenas. ¡Qué ganas trabando todo eso!
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