La Corte de Apelaciones ha dado lugar a un recurso de amparo económico interpuesto por el abogado Juan Francisco Sánchez, que desafía la creación de dos filiales de Codelco dedicadas a la explotación del litio en Chile. Según Sánchez, estas acciones violan las restricciones constitucionales sobre la actividad empresarial del Estado.
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Desafío legal a la explotación del litio
La acción legal interpuesta por Juan Francisco Sánchez critica la creación de las filiales Salares de Chile y Minera Tarar, argumentando que se realizó «burlando todos los requisitos y limitaciones que la Constitución y la ley imponen a la actividad empresarial del Estado». El abogado sostiene que la explotación del litio debe estar respaldada por una ley de quórum calificado, dado su régimen especial en la Constitución.
Además, el recurso alega que las entidades fueron constituidas sin la debida autorización legal, poniendo en cuestión la transparencia y legalidad con las que el Estado opera en este sector estratégico.
Un procedimiento cuestionado
Sánchez señala que la asignación de derechos de explotación a Minera Tarar SpA se hizo sin un proceso de licitación pública, lo cual es contrario a lo que estipula la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Este procedimiento ha sido criticado también por la firma china Tianqi, socia minoritaria de SQM, demandando una revisión por parte de los accionistas.
El recurso expresa que la integración de Codelco con SQM en el Salar de Atacama no fue sometida a la aprobación necesaria por parte de los accionistas minoritarios, un paso clave para asegurar la legalidad de tal asociación.
Peticiones del recurso
En su solicitud, el abogado Sánchez pide al tribunal que declare ilegal el acuerdo firmado entre Codelco y SQM, señalando que dicha asociación público-privada se estructuró desafiando las normas vigentes. También busca la disolución de las empresas Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA, por considerar que su creación elude las regulaciones sobre actividades empresariales del Estado.
El recurso también solicita que los contratos de explotación de litio sean sometidos a licitación pública para asegurar que el Estado cumpla con las exigencias de transparencia y legalidad. Esta medida busca evitar la «competencia desleal» al no ajustarse al marco regulador que deben seguir los operadores privados.
Un precedente judicial aplicable
En su argumento, Sánchez menciona un fallo reciente de la Corte Suprema sobre la explotación de juegos de azar en línea, sugiriendo que el principio de necesitar una ley habilitante se aplica igualmente al caso del litio. La Corte de Apelaciones ha solicitado informes a Codelco, Tarar, Salares de Chile y Corfo, fijando un plazo para dar respuesta al recurso presentado.