Demandan al Estado de Chile por 20.000 toneladas de desechos en Arica

Demandan al Estado de Chile por 20.000 toneladas de desechos mineros en Arica

¿Quién se hace responsable?

La Fundación Mamitas del Plomo de Arica realizó una demanda por daño ambiental contra el Estado de Chile por el abandono de 20.000 toneladas de desechos mineros con polimetales de la empresa sueca Boliden metals y que fueron importados por la empresa chilena Promel entre 1984 y 1985.

Estos residuos se encuentran actualmente en el sector señalado como “Quebrada Encantada Baja”, en la comuna de Arica. La fundación indica presuntos daños al suelo, aire y salud de la población cercana al denominado del “Sitio F» (actualmente, un sitio fiscal).

El proceso legal

En este contexto, el pasado lunes 13 al miércoles 15 de enero, el Primer Tribunal Ambiental realizó la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones finales. En la instancia, se escuchó a 15 testigos, expertos y comunes. Entre los temas abordados se incluyen la existencia de daño ambiental, las acciones u omisiones del Estado, la relación causal con el daño y posibles infracciones a la legislación ambiental, entre otros.

¿Existe o no daño ambiental?

El abogado Juan Molina, en representación de la Fundación Mamitas del Plomo, argumentó que el daño ambiental está acreditado con pruebas de la presencia de arsénico, cadmio, cromo y plomo en muestras de sangre de niños y adolescentes tomadas entre 2021 y 2022.

Este daño, dentro del periodo de los últimos 5 años, cumple con los requisitos legales de intensidad, duración y extensión, afectando la vida y salud de una población significativa.

“El caso no se trata de un problema sanitario aislado, sino de un daño ambiental sistémico que afecta el suelo, la salud y las funciones ecosistémicas fundamentales para la vida de los afectados”, afirmó el abogado Juan Molina.

Abogado Juan Molina

Negligencia del Estado

El abogado de la fundación alegó que el Estado actuó negligentemente al usar instrumentos ambientales débiles, incumplir la normativa de la Ley de Polimetales y permitir actividades sin autorización en sitios contaminados. Además, criticó la falta de seguimiento en la salud de los afectados y la exclusión arbitraria de beneficiarios de los programas de remediación.

Las acciones del Estado han generado un sufrimiento innecesario y han afectado a generaciones enteras, desde las “abuelas del plomo” hasta las “nietas del plomo”.

Abogado de la Fundación Mamitas del Plomo

Persistencia del daño

Según el abogado Santiago García, de la ONG Fima, existen suelos altamente contaminados en el Sitio F y Quebrada Encantada que afectan directamente a cerca de 16.500 personas. Testimonios de los afectados describen problemas graves de salud, como cánceres, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias, además de barreras para acceder a tratamientos adecuados.

García también subraya que el problema, originado en 1984, sigue vigente en 2025 debido a la falta de acciones efectivas por parte del Estado. La contaminación tiene efectos transgeneracionales y multidimensionales, afectando a generaciones enteras con enfermedades crónicas y agudas.

No hay fuentes activas de contaminación

El abogado Osvaldo Solís, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), reconoció la situación de las víctimas afectadas por los desechos tóxicos ingresados entre 1984 y 1998. No obstante, argumentó que las pruebas del Estado demuestran que no hay fuentes activas de contaminación en las áreas afectadas (Sitio F y Quebrada Encantada) tras el encapsulamiento de los desechos en 1998.

Además, el abogado del CDE defendió que los beneficios y compensaciones actuales están en línea con las capacidades presupuestarias del país. Destacó los esfuerzos del Estado, como el encapsulamiento de residuos en 1998, la implementación de la Ley de Polimetales y las medidas de remediación y mitigación progresiva. Argumentó que estas acciones han mejorado las condiciones de salud y seguridad en las áreas afectadas.

El fallo del Primer Tribunal Ambiental sobre esta demanda será crucial para determinar la responsabilidad del Estado de Chile y las acciones que deberán tomarse para remediar el daño ambiental y proteger la salud de las generaciones futuras.

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