El proyecto de Ley de Presupuestos año 2024 totaliza $ 1.765.549 millones -unos US$ 2.100 millones- para los Gobiernos Regionales (GORE), lo que implica un incremento en 5,8% ($ 96.534 millones) respecto de la base de comparación año 2023, siendo esta la primera vez que existe una glosa separada especialmente para dichas instancias.
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El documento también se hace cargo de las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y de Transparencia y el presupuesto considera una nueva estructura simplificada de glosas para los programas de inversión de los gobiernos regionales, pasando de 18 glosas en 2023 a 12 en 2024.
Respecto al funcionamiento Gobiernos Regionales, “se incluye el financiamiento operacional para servicios básicos y generales, materiales de oficina, arriendos, etc; y para la dotación de 2.370 funcionarios de planta y contrata. También se consideran recursos para firmar convenios de productividad entre los gobiernos regionales y la Dirección de Presupuestos”.
En inversión regional se estiman recursos por $ 1.648.783 millones, y se considera, en línea con el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, el financiamiento de la inversión de los Gobiernos regionales, mediante las siguientes fuentes: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); Fondo de Apoyo Regional (FAR); Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR); Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD); Fondo de Equidad Interregional (FEI); Transferencia desde Subsecretaría de Bienes Nacionales por la venta de bienes inmuebles fiscales; e ingresos por Derechos y Patentes.
«De acuerdo con el protocolo firmado durante la tramitación de la Ley del Royalty, se incluye el nuevo Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo con el equivalente al 50% de los recursos estimados a ser percibidos en el año 2025. A los recursos de este fondo se adicionan los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que, por su naturaleza, pasarán a formar parte de este fondo desde 2024”, se explicó.
Asimismo, se incluye por primera vez una metodología de distribución para el Fondo de Equidad Interregional, considerando las siguientes variables: brechas generadas por el FNDR, efectos del cambio climático, brechas regionales del PIB per cápita, efectos de la migración, y la capacidad de generar ingresos propios. Adicionalmente, considera un mecanismo de reasignación solidaria entre los GORE.
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