Conflicto en Atacama: Comunidad Indígena y Gobierno Chileno en Disputa por Leyes de Biodiversidad y Derechos Ancestrales

Desde la comunidad atacameña indican que existe una incompatibilidad entre la implementación que está realizando el Gobierno de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la Ley Indígena.

El desafío de la implementación de leyes en territorio ancestral

A medida que se avanza al último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio del Medio Ambiente ha intensificado las acciones para definir las áreas protegidas de la Reserva de Sustentabilidad y Paisaje (RSP) del Salar de Atacama. Esta iniciativa implica, principalmente, la creación de una red de salares protegidos, algunos de los cuales se encuentran en territorio ancestral de la Comunidad Atacameña de Socaire.

Si bien la ministra Maisa Rojas ha destacado la importancia de recoger la voz y las experiencias de los pueblos indígenas en la gestión de áreas protegidas, la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS) expresa que el diálogo no ha cumplido sus expectativas. Alegan que no se observa la voluntad política por parte de las autoridades para resguardar sus derechos patrimoniales y ancestrales reconocidos por la ley.

La CAS sostiene que existe una incompatibilidad entre la implementación de la RSP bajo la Ley del SBAP y la Ley Indígena. Mientras esta última establece el deber del Estado de sanear o restituir los títulos de las tierras indígenas, la implementación de la RSP ha definido dichas áreas como bienes del fisco, a pesar de ser territorios ancestrales de comunidades indígenas en proceso de saneamiento.

«El Gobierno no ha tenido la voluntad de sanear esos títulos», explica Sandra Cruz, presidenta de CAS.

Sandra Cruz, presidenta de CAS, explica que la comunidad ha recibido reconocimientos estatales en relación con el territorio demandado ancestralmente. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido voluntad para sanear esos títulos y, en cambio, solo les ha otorgado el uso de tierras mediante concesiones temporales. Con la implementación de la RSP, se les exige renunciar a sus derechos territoriales ancestrales.

  • Priorización del saneamiento y restitución de los territorios reconocidos
  • Diálogo efectivo para colaborar en la protección de áreas relevantes para la comunidad

La CAS valora el concepto de protección y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades de medio ambiente. Sin embargo, exigen compromiso por parte del Gobierno para avanzar con el saneamiento de títulos en su territorio ancestral, especialmente en zonas relevantes para la comunidad, como los sectores cercanos a Aguas Calientes 3 y el Salar El Laco, que tienen un importante uso turístico y tradicional.

«Ha faltado voluntad política para resguardar nuestros derechos territoriales ancestrales», recalca Sandra Cruz.

Internamente, la CAS está trabajando en una propuesta de criterios y lineamientos para cooperar en el proceso de elaboración de los Informes Técnicos Justificatorios que llevará adelante el Ministerio del Medio Ambiente para definir las áreas protegidas. Esperan ser recibidos por la autoridad para dialogar y acordar compromisos.

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