Codelco defiende su posición legal en controversia por negocio de litio

Codelco enfrenta una controversia legal tras un recurso presentado por el abogado Juan Francisco Sánchez, cuestionando su ingreso al negocio del litio. La minera estatal defiende su posición citando la ley de 1976 que autoriza su participación en la explotación de minerales no ferrosos.

Respuesta de Codelco al recurso legal

Codelco presentó un escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazando los cuestionamientos del abogado Juan Francisco Sánchez. Este recurso impugna la asociación de Codelco con SQM y la creación de filiales dedicadas al litio. La estatal calificó el recurso como “improcedente, extemporáneo e impertinente”, argumentando que el Decreto Ley 1.350 de 1976 explícitamente le permite “explotar minerales no ferrosos, dentro de los que se encuentra el litio”.

Política pública y estrategia nacional

Codelco enfatizó que el acuerdo con SQM es parte de una política pública iniciada en 2016 durante el gobierno de Michelle Bachelet y que se alinea con la Estrategia Nacional del Litio del presidente Gabriel Boric. Según Codelco, esta estrategia promueve la participación estatal en el negocio del litio a través de asociaciones público-privadas.

Acusaciones de falta de transparencia

La empresa aseguró que las negociaciones con SQM se realizaron bajo “máxima transparencia y escrutinio público”. Los documentos relacionados fueron informados tanto a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como discutidos en el Congreso, desmintiendo cualquier acusación de opacidad en el proceso.

Proyecciones económicas y control estatal

El acuerdo con SQM generará ingresos proyectados entre US$21.700 millones y US$48.900 millones durante su vigencia. Codelco destacó que el Estado de Chile, a través de la minera, controlará más del 50% de la sociedad conjunta con SQM a partir de 2031, reforzando el control estatal sobre esta industria crítica.

Apoyo legal de Juan Francisco Sánchez

En respuesta, el abogado Juan Francisco Sánchez ha sumado a Juan Ignacio Correa Amunátegui como patrocinante en el caso. Correa, especialista en solución de disputas, respaldó a Sánchez, afirmando que este actúa como ciudadano utilizando una acción popular, sin representar intereses empresariales.

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