A fines de los 70, en plena Guerra Fría, en Chile se publicó un decreto que excluyó al llamado «oro blanco» del régimen concesional minero, pues se determinó que podría ser utilizado para producir energía nuclear.
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Desde hace una década que el litio ha despertado especial interés a nivel mundial por su estrecha vinculación con la transición energética. Pero no son precisamente sus excepcionales propiedades -como su elevada conductividad eléctrica, su ligereza, o bajo coeficiente de expansión térmica- las que por estos días lo han instalado en el centro del debate en Chile.
La semana pasada el Presidente Gabriel Boric presentó la estrategia con la que se busca potenciar la producción del llamado «oro blanco» en el país, y así aprovechar la buena racha que vive el mineral ante los altos precios en mercados internacionales.
Eso sí, la propuesta ha sido observada con atención, incluso más allá de las fronteras, especialmente porque en ella se plasma el anhelo de que el Estado pase a tomar el control de toda la cadena productiva del litio, lo que ha generado diversas reacciones. Incluso, hay quienes, desde el mundo empresarial, temen por un eventual intento de «estatización de la economía».
Raudamente, distintos personeros de La Moneda, e incluso la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, han salido a aclarar que, tal como señaló la titular de la Segegob, «no se puede estatizar algo que ya es del Estado».
«Estratégico» durante la Guerra Fría
Y es que uno de los muchos datos curiosos que pesan sobre el litio es un antiguo cerrojo legal publicado a fines de la década de los 70, que lo excluyó del régimen concesional minero, limitando las posibilidades de explotarlo en suelo nacional.
¿La razón? Por esos años, en plena Guerra Fría, se determinó que el litio, junto con el torio y el uranio, podían ser utilizados para producir bombas atómicas, con lo que se volvió necesario protegerlo y minimizar al máximo su aprovechamiento.
Fue entonces que, tras la divulgación del Decreto de Ley 2.886 de 1979, el litio quedó reservado para el Estado por razones de interés nacional, se declaró no concesionable y se determinó la tutela de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) para cualquier acto o contrato relacionado con el mineral.
Fuente: Emol.com
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