Chile enfrenta desafíos en permisología para concretar US$ 83.000 millones en inversiones mineras hasta 2033

El experto de la consultora Minería y Medio Ambiente analiza los perfeccionamientos legislativos en permisología y destaca la necesidad de simplificar trámites, despolitizar procesos y agilizar reformas clave para materializar los más de US$ 83.000 millones proyectados por Cochilco en inversiones mineras hasta 2033.

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Desafíos en la permisología para impulsar la inversión en Chile

En el ámbito de la permisología, se busca resolver los obstáculos que limitan el desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Según la consultora Minería y Medio Ambiente (MyMA), es crucial simplificar trámites, despolitizar procesos y acelerar reformas para concretar las grandes inversiones previstas por Cochilco, que ascienden a una cifra superior a los US$ 83.000 millones hasta 2033.

Precisamente fue la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que mostró hallazgos y brechas muy significativas en estas materias, lo que sumado a un bajo crecimiento y debilitamiento de las inversiones, fue uno de los elementos que gatillaron lo que hoy vemos, junto con los acuerdos que asumió el poder ejecutivo para viabilizar la reforma del royalty a la industria minera

Christian Peralta, gerente técnico de MyMA, destaca la importancia de avanzar en reformas clave que simplifiquen los trámites y agilicen las inversiones mineras. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha identificado importantes deficiencias en este aspecto, que se suman a los desafíos que enfrenta el país en términos de crecimiento económico y debilitamiento de las inversiones. Esto ha llevado al poder ejecutivo a comprometerse con una reforma del royalty a la industria minera para impulsar la productividad y el desarrollo del sector.

Avances en reformas normativas y proyectos de ley

En el ámbito legislativo, se han presentado varias iniciativas para mejorar la gestión eficiente de los permisos y autorizaciones. Destacan el proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los proyectos de permisos sectoriales, la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales.

En materia de avance, claramente estos son diferenciados y la expectativa está focalizada en que las propuestas en materia de destrabar, reducir y perfeccionar el universo de permisos y autorizaciones avance con más velocidad

Christian Peralta destaca la necesidad de acelerar las propuestas para agilizar y simplificar los trámites de permisos y autorizaciones. Si bien se han registrado avances en algunos ámbitos, como los permisos sectoriales, otras áreas presentan retrasos preocupantes. Específicamente, las reformas al Consejo de Monumentos Nacionales y a la Superintendencia de Medio Ambiente necesitan ser impulsadas con mayor rapidez.

El proyecto de permisos sectoriales

Uno de los aspectos más destacados es el proyecto de permisos sectoriales impulsado por el Ministerio de Economía. Esta iniciativa busca simplificar los trámites necesarios para la aprobación de proyectos, tanto nuevos como modificaciones de operaciones existentes. El objetivo es digitalizar y organizar los permisos, otorgando mayor certeza jurídica y agilidad en la tramitación.

• Permite simplificar los trámites de aprobación de proyectos.
• Favorece la digitalización y organización de los permisos.
• Proporciona mayor certeza jurídica y agilidad en la tramitación.

Esta medida responde a una necesidad prioritaria del sector privado para fomentar las inversiones en el país. Actualmente, los proyectos requieren numerosos permisos adicionales, lo que genera demoras significativas. Con la implementación de los permisos sectoriales, se busca reducir estas demoras y agilizar los procesos de aprobación tanto para proyectos nuevos como para modificaciones de operaciones existentes.

Reformas pendientes: Consejo de Monumentos Nacionales y Superintendencia de Medio Ambiente

Según Christian Peralta, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) enfrenta desafíos organizacionales y procedimentales. Los plazos excesivamente largos y los criterios de protección patrimonial son aspectos que deben ser revisados para agilizar los procesos y evitar cuestionamientos. En cuanto a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), si bien su desempeño es notable, la reforma puede avanzar con menor prioridad en comparación con los permisos sectoriales, ya que se enfoca en la fiscalización de proyectos ya aprobados.

Es necesario transferir la aprobación/rechazo a instancias técnicas, reservando reclamaciones para los Tribunales Ambientales. Esto reduciría litigaciones excesivas

En cuanto a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se indica la importancia de despolitizar la etapa final de calificación de proyectos. Se propone transferir la aprobación o rechazo a instancias técnicas, reservando las reclamaciones para los Tribunales Ambientales. Esto permitiría reducir las litigaciones excesivas y agilizar el proceso de evaluación ambiental.

Proyecciones para el 2025 y desafíos

Para este año, se proyecta una inversión histórica en la minería chilena de más de US$ 83.000 millones, según el informe de Cochilco. Esto representa una excelente oportunidad para el país, pero también implica grandes desafíos. Christian Peralta señala que sin reformas profundas en la permisología, los tiempos de tramitación seguirán siendo obstáculos para la materialización de estas inversiones.

Chile debe aprovechar su geografía y recursos naturales, fortaleciendo la estabilidad política y la madurez institucional. Es esencial resolver los nudos en materia de permisos, implementar herramientas administrativas más ágiles, eliminar permisos innecesarios y reducir exigencias regulatorias excesivas, limitando la discrecionalidad

Peralta destaca la importancia de que Chile aproveche su geografía y recursos naturales, fortaleciendo la estabilidad política y la madurez institucional. Para impulsar las inversiones, es fundamental resolver los obstáculos en la permisología, implementar herramientas administrativas más ágiles, eliminar permisos innecesarios y reducir las exigencias regulatorias excesivas. Esto permitirá limitar la discrecionalidad y fomentar un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos de inversión en el país.

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