CDE concreta presentación de querella contra expresidente ejecutivo de Codelco por cohecho

La entidad también apunta a Julián González por soborno en medio de la transacción de una propiedad de alto valor muy por debajo de su avalúo fiscal.

De la palabra a la acción pasó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el conflicto que tiene en la justicia a Codelco y a su expresidente ejecutivo, Nelson Pizarro Contador.

Según lo resuelto en la sesión ordinaria del Consejo del CDE del pasado 3 marzo, la instancia presentó una querella criminal contra Pizarro y José Miguel Julián González, empresario que tiene una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos de tierra, por el delito de cohecho y soborno sin perjuicio de los demás ilícitos que pudiesen acreditarse en el curso de la investigación, y contra todos aquellos que resulten responsables de los hechos investigados, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.

La acción del CDE -que se suma a la querella ya interpuesta por Codelco el 23 de diciembre del año pasado- da cuenta que un mes antes de que asumiera Pizarro como presidente ejecutivo de la estatal, el 1 de junio del año 2014, Nelson Pizarro Contreras, junto con su cónyuge Caterina Vernengo, contrataron a la constructora Consorcio Constructora Mundos Limitada para el desarrollo de un proyecto inmobiliario: la construcción de una vivienda, en un terreno ubicado en el sector de Piedra Roja, comuna de Colina.

En esa línea, el CDE enfatiza que Pizarro Contreras -hijo del ex timonel de la cuprífera- no era dueño del terreno en el cual se construyó luego el inmueble que había encargado a la constructora sino que este pertenecía a la Sociedad San José, administrada por José Miguel Julián.

«El primero de septiembre de 2015, como se verá, un día después de que se adjudicara el contrato de la División El Salvador a Indak, empresa de la cual Julián González era socio y administrador, «Inmobiliaria e Inversiones San José» vendió el inmueble a Nelson Pizarro Contreras y a su cónyuge, Caterina Vernengo Perez, quienes pagaron la suma de $75.592.350″, se detalla en el escrito.

Esta propiedad tenía al año 2015 un avalúo fiscal de $548.254.003, es decir solo el avalúo fiscal era casi ocho veces lo pagado por Nelson Pizarro hijo, al socio de Indak (Julián), «lo que daría cuenta del significado oculto tras el acto jurídico por medio del cual se transfirió la propiedad a Pizarro Contreras y que, de acuerdo a este querellante, puede ser interpretado como una dádiva encubierta e ilícita por parte de un particular a un funcionario público en beneficio de un tercero, su hijo».

En efecto, según el CDE, «inmediatamente después de adjudicarse el contrato con la empresa estatal dirigida por Nelson Pizarro Contardo, el adjudicatario vende a precio vil un inmueble al hijo del primero, lo que, atendidas las circunstancias relatadas solo puede entenderse como un pago en agradecimiento, una dádiva, por la adjudicación».

Además, como se agrega, no existía una razón de negocios para adjudicar este contrato a la empresa de Julián. «Dado el poder del presidente de la empresa estatal, no es para nada inconcebible presumir que este influyó sobre el o los funcionarios a cargo de la adjudicación para, de esta forma, obtener una ventaja indebida en favor de su hijo.

Luego de ello, el proyecto de construcción del inmueble encargado a la Constructora tuvo un precio de UF 28.900, equivalentes a $ 720 millones de acuerdo a lo que señala el contrato», se declara. Considerando que Nelson Pizarro Contador efectúa una solicitud al gerente de la División El Salvador, Juan Carlos Avendaño, con el objeto de que se contrate directamente a Indak en dicha División para el servicio de transportes de materiales, para el CDE, tal comportamiento «es constitutivo de ‘ejercer influencia’ sobre otro funcionario público, en la forma de prevalimiento de un superior hacia un inferior jerárquico dentro de la empresa estatal».

La entidad explica que esta conducta vulnera además el principio de la probidad administrativa, al omitir o eludir la propuesta pública para licitar mediante trato directo, donde la dádiva o pago ilícito consistió en el beneficio económico obtenido por el hijo y la nuera del alto directivo de Codelco que pagan $ 75.000.000 por una propiedad con avalúo fiscal de casi ocho veces ese valor. Respecto a Julián González, el CDE señala que los hechos descritos configuran el tipo penal de soborno por el beneficio económico entregado a Nelson Pizarro Contreras consistente en la venta de una propiedad con avalúo fiscal de casi ocho veces su valor.

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