Superintendenta del Medio Ambiente: “El cumplimiento ambiental es un imperativo, no basta disponer de la autorización”

Trece años desde su creación y diez desde que tiene competencias cumple este 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Pero su historia marcó un hito cuando el 3 de enero inició sus funciones la abogada de la Universidad de Chile, Marie Claude Plumer, como la nueva timonel, convirtiendo a la exjefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente en la primera mujer en liderar el organismo encargado de fiscalizar y sancionar los permisos ambientales.

Plumer, quien fue fiscal (2011 y 2012) y jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA (2014 y 2018), cuenta que en estas semanas se ha dedicado a tener reuniones con las jefaturas y se ha reencontrado con funcionarios. A su juicio, es un organismo que está permanentemente exigido y tiene un alto nivel de exposición. En esa línea, asegura que la Superintendencia tiene que fortalecerse en cuanto a recursos humanos, soporte en plataformas tecnológicas, pero también a través de una posible modificación de ley.

“Hoy la estructura institucional tiende a ciertas rigideces que a veces hace más complejo poder abordar todo el nivel de competencia y de instrumentos que tiene que fiscalizar, seguir, con la estructura normativa actual”, recalca a DF en su primera entrevista en el cargo. Un ejemplo es que la ley previó un solo tipo de procedimiento sancionatorio para cualquier instrumento.

El gobierno ha remarcado que este año se enviará un proyecto de ley corta que fortalece a la SMA. Sobre esto, comenta: “Sé que el Ejecutivo tiene un especial interés en esto por todo lo que implica el fortalecer la institucionalidad fiscalizadora. Sé que es una prioridad y los equipos están trabajando en ello”.

Plumer prefiere hablar de una estrategia de cumplimiento ambiental, más que de una estrategia de fiscalización: “Mi objetivo es fortalecer, generar esta estrategia de cumplimiento ambiental en términos claros y transparentes, y mejorar la respuesta de la Superintendencia ante contingencias y la demanda de denuncias ciudadanas”.

Según explica, esto involucra fiscalización, seguimiento y el ejercicio de la potestad sancionadora en todo lo que ello implica. “Esa estrategia de cumplimiento ambiental se continuará haciendo bajo lógicas con un fuerte componente de apoyo tecnológico. La idea es fortalecer la gestión de la información para la toma de decisión y luego ésta última en la estrategia, mirando la posibilidad de utilizar distintos mecanismos que el marco legal nos otorga, de tal manera, por ejemplo, de ir logrando en etapas correctivas el cumplimiento”.

Esa estrategia, agrega, “probablemente hay que escribirla, porque las reglas del juego son parte también de un ejercicio de transparencia”.

– ¿Significa que habrá más exigencias para el cumplimiento?

– No, el cumplimiento ambiental está determinado, fijado, en cada autorización ambiental y en cada norma ambiental. La norma ambiental fija un estándar o límites, una ley fija una exigencia y las autorizaciones ambientales en el marco del SEIA fijan cómo debe funcionar un proyecto. Ese es un principio, pero no basta tener su autorización o tener normas. Ahora tiene que cumplirlas. Lo que digo con una generación de una estrategia es permitir el uso de los distintos mecanismos y competencias que tiene la SMA para avanzar en el cumplimiento ambiental. Quisiera avanzar hacia un ciclo más bien responsivo del ejercicio de las competencias de la SMA, que permita el uso de distintas herramientas.

– ¿Por qué no mostrar más mano dura contra incumplimientos?

– La sola sanción en un diseño no asegura cumplimiento ambiental, por eso los modelos modernos combinan incentivo y sanción. Es decir, esa relación virtuosa, que es difícil de lograr, entre el ejercicio de las distintas herramientas, entre ellos la sanción, es parte del diseño de una política de cumplimiento ambiental. La SMA ha aplicado sanciones importantes y ha potenciado los programas de cumplimiento. Me interesa avanzar en esa mirada de cumplimiento que permita lograr el cambio de comportamiento.

Nuestra labor es muy importante y ese convencimiento no es solo dentro del Estado para efectos de los recursos, sino también para una comunidad que está más empoderada, y exige a la comunidad obligada a avanzar en ese cumplimiento. Y eso también exige para esa comunidad o titulares no solo -por ejemplo- crear la Unidad de Medioambiente o la Gerencia de Sostenibilidad, exige compromiso de cumplimiento ambiental efectivo. Ese trabajo no está asociado a un plazo fijo, es una construcción.

– Cuando habla de mejorar la respuesta, ¿se refiere a los tiempos?

– A los tiempos y a la eficacia. Estos a veces están muy unidos, pero la eficacia está asociada a la posibilidad de que oportunamente se llegue y se controle un riesgo. Es parte también del diseño y lo que quiero potenciar con los límites de nuestro marco normativo. La Contraloría desde el 2015, en forma sistemática en varios dictámenes, ha reconocido los márgenes de apreciación de la Superintendencia para el ejercicio de sus competencias, entendiendo que ese óptimo de un 100% en un tiempo real es un imposible.

– En fiscalización, ¿cuáles serán las industrias prioritarias?

– El ciclo de la programación del 2023 se trabajó durante todo el ciclo 2022 y se dictó a comienzos de enero. Estoy muy de acuerdo con el énfasis que está ahí. En esa resolución se habla de fiscalización estratégica, énfasis ciudadano, territorial, cruzado desde un punto de vista sustantivo con la crisis hídrica y con lo que implica la crisis climática. Ahí agrego biodiversidad como un elemento importante.

– A partir de la denuncia se puede orientar también el foco y en este último tiempo han sido relevantes los loteos inmobiliarios, en su minuto la minería, ¿dónde pondrán la mayor atención?

– Hay industrias que siempre están en el radar por su envergadura e impacto. La industria acuícola está siendo hace un tiempo mirada en distintos espacios. La SMA tiene un trabajo ahí y lo vamos a seguir fortaleciendo. La industria minera con todo lo que implica en uso del agua y otras áreas. Muchos de los incumplimientos ambientales se sienten en los centros urbanos y, por lo tanto, es un área en que hay que focalizar esfuerzos. También hay un universo de incumplimientos ambientales que son más lejanos respecto a las percepciones, porque están apartados del área urbana, pero que no son menos importantes.

– En cuanto al tema de los loteos, ¿cuál será el criterio?

– Este no es un tema que nace con la pandemia. La SMA fue pionera con algunos casos muy simbólicos. Entiendo que el Ejecutivo está trabajando en iniciativas de cambio, entendiendo que aquí hay un problema mayor y que la Superintendencia continuará la línea con su marco normativo que es limitado. Más que decir si se fortalece o no, es continuar con una línea donde esto está identificado, es parte de este concepto nuevo de ciudad y de calidad de vida y de protección de recursos naturales, de áreas protegidas o de ecosistema que inciden en la calidad de vida de estos centros urbanos.

– ¿Cuál es su mensaje a los titulares de los proyectos?

– Que el cumplimiento ambiental es un imperativo, no basta disponer de la autorización, no basta tener la norma, no basta tener la ley que ordena. Tenemos que cumplirla. Y los titulares de proyectos hoy tienen ahí un rol que es indelegable. El rol que le corresponde a la SMA lo tomará con racionalidad para ejercer la asistencia al cumplimiento. Seguirá dictando guías, instrucciones. Los llamaría a eso: al mayor compromiso y a entender que el cumplimiento ambiental es un elemento central que permitirá a la propia actividad desarrollarse con mayor seguridad y en un ámbito de legalidad.